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La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que la gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.
En este contexto, miles de inmigrantes que son víctimas de violencia domestica caen en una nueva problemática por la creciente presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares vulnerables como juzgados, refugios y otros centros de asistencia.
Atención inmigrantes: Estados Unidos deporta indocumentados en lugares de asistencia
En medio del actual endurecimiento de las políticas migratorias, se han reportado nuevas redadas de ICE en sitios considerados tradicionalmente seguros para la comunidad inmigrante, como iglesias, refugios, centros de salud, comedores sociales y escuelas para adultos. Esta estrategia genera preocupación entre defensores de derechos humanos, ya que pone en riesgo el acceso a servicios esenciales por parte de personas indocumentadas.
Durante años, estos lugares eran reconocidos como "zonas sensibles", donde el ICE evitaba realizar detenciones para no interferir con funciones humanitarias básicas. Sin embargo, organizaciones civiles denuncian que esta práctica está cambiando bajo un enfoque más agresivo, generando miedo y retraimiento en comunidades ya vulnerables.
Activistas y abogados advierten que muchas personas dejan de asistir a citas médicas, buscar alimentos o recibir orientación legal por temor a ser detenidas.
Aunque las autoridades migratorias insisten en que las operaciones están dirigidas a personas con antecedentes penales o órdenes activas de deportación, el alcance colateral de las redadas se ha ampliado, afectando a quienes se encuentran presentes sin importar su historial.
Inmigrantes temen ser deportados al denunciar violencia familiar
Según datos recopilados por organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes, más del 75% de los trabajadores que asisten a víctimas de violencia domestica aseguran que los afectados temen ser arrestados o detenidos si acuden a la policía.
Esto bajó significativamente el número de denuncias y el uso de asistencias sociales y servicios de protección, lo que pone en riesgo a gran parte de los extranjeros que residen sin papeles en el país.
