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El 1 de enero de 2026, Texas implementará una nueva medida legislativa que cambiará la dinámica de cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8) requiere que los alguaciles de los condados que operan cárceles trabajen de manera formal con el ICE bajo el programa 287(g). Esta nueva ley ha generado gran controversia, y sus implicaciones pueden afectar a miles de inmigrantes en todo el estado.
Alerta inmigrantes: ¿qué implica el nuevo proyecto de Ley Senatorial 8?
A partir de enero de 2026, todos los alguaciles de los condados que gestionen cárceles deberán firmar un acuerdo de cooperación con ICE bajo el programa 287(g). Esta legislación establece que los oficiales de los condados, y en algunos casos los contratistas de las cárceles, podrán hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
El objetivo de esta ley es facilitar el proceso de identificación y detención de inmigrantes indocumentados. Para incentivar la cooperación, se destinarán subvenciones que van de los 80,000 a los 140,000 dólares, dependiendo del tamaño de la población del condado.
- 80,000 dólares para condados con una población de hasta 99,999 habitantes.
- 100,000 dólares para condados con una población entre 100,000 y 499,999 habitantes.
- 120,000 dólares para condados con poblaciones entre 500,000 y 999,999 habitantes.
- 140,000 dólares para condados con más de un millón de habitantes.
Sin embargo, esta ley ha causado un debate significativo sobre sus posibles efectos en la comunidad y en las relaciones entre inmigrantes y las autoridades locales.
Controversia y preocupación por la discriminación racial
Mientras algunos defienden que esta ley es una medida necesaria para mejorar la seguridad pública y asegurar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración, otros argumentan que podría agravar la discriminación racial.
Se teme que esta colaboración entre los alguaciles locales y el ICE conduzca a detenciones indiscriminadas de inmigrantes indocumentados, lo que afectaría no solo a los migrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses de ascendencia latina o de otras etnias.
Además, existe la preocupación de que esta ley pueda erosionar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas de seguridad locales, lo que podría tener consecuencias a largo plazo en términos de cooperación y seguridad.
El Programa 287(g) y su historia en los EE. UU.
El Programa 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permite a las autoridades locales, como los alguaciles de los condados, aplicar funciones específicas de inmigración bajo la supervisión del ICE. Este programa fue suspendido en 2012 tras denuncias de detenciones ilegales y redadas indiscriminadas, pero fue reactivado nuevamente por la administración de Donald Trump.
El programa tiene varios modelos, entre los que se destacan:
- Modelo de Cumplimiento Carcelario (JEM): permite que las autoridades locales identifiquen a extranjeros deportables en cárceles locales.
- Modelo de Fuerza de Tarea (TFM): agencias locales colaboran con ICE para aplicar leyes migratorias durante operaciones policiales rutinarias.
- Modelo Tribal (TTFM): enfocado en comunidades indígenas.
- Modelo de Oficiales de Servicio de Ordenanzas (WSO): capacita a oficiales locales para ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros en las cárceles.
Este programa ha sido implementado en más de 1,250 agencias del orden público en 40 estados, lo que subraya su alcance a nivel nacional.
Cómo impacta la nueva ley en las comunidades locales
Aunque el SB-8 busca una mayor colaboración entre autoridades locales y federales, se espera que la medida tenga un fuerte impacto en las comunidades inmigrantes. Muchos temen que las nuevas políticas puedan aumentar la vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados, quienes podrían sentirse menos dispuestos a denunciar crímenes o cooperar con la policía por miedo a ser detenidos y deportados.
En el lado positivo, los defensores de la ley argumentan que al permitir a las agencias locales aplicar las leyes de inmigración, se refuerza la seguridad en las comunidades, reduciendo la presencia de personas que podrían estar involucradas en actividades criminales y que no deberían estar en el país.
Reacciones políticas y sociales al Proyecto de Ley Senatorial 8
La ley ha provocado reacciones divididas tanto entre los políticos como en la sociedad civil. Mientras que algunos sectores republicanos y pro-inmigración afirman que esta es una forma efectiva de garantizar la seguridad, los grupos pro derechos civiles y de inmigrantes temen que se profundice la discriminación racial y que el enfoque en los inmigrantes pueda distraer de otros problemas de seguridad más amplios.
La falta de claridad sobre cómo se implementará esta ley en los condados más pequeños y el impacto que tendrá en las comunidades que ya tienen una relación tensa con la policía local genera inquietud entre los grupos de derechos humanos.