El gobierno de Estados Unidos analiza imponer nuevas reglas para la apertura de cuentas bancarias que podrían cambiar cómo funciona el sistema financiero para millones de personas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent confirmó que se está preparando una orden ejecutiva que obligaría a los bancos a verificar el estatus migratorio de los clientes antes de permitirles abrir una cuenta. La medida forma parte de la estrategia de la Administración Trump para endurecer las políticas migratorias con distintos sistemas de recopilación de información dentro del país. Actualmente, los bancos del país deben verificar la identidad de los clientes mediante normas conocidas como “Know Your Customer”, destinadas a prevenir el lavado de dinero y otros delitos. En la práctica, generalmente se solicitan documentos para conocer Las normativas no exigen específicamente a los bancos que verifiquen el estatus migratorio de quienes abren cuentas bancarias en el país. No obstante, Bassent ratificó que considera necesario este paso y que se está trabajando en medidas concretas para oficializarlo. Durante un evento económico de CNBC en Washington, el funcionario cuestionó “¿Cómo puedes conocer a tu cliente si no sabes si tiene estatus legal o ilegal, si es ciudadano estadounidense o titular de una green card?" Bessent en la entrevista aseguró que los inmigrantes indocumentados no tienen derecho de participar en el sistema financiero estadounidense e incluso aseguró que esto puede ser un peligro a largo plazo debido a la inestabilidad de la situación. “¿Por qué pueden venir extranjeros desconocidos a abrir una cuenta bancaria?”, preguntó. En ese sentido, cuando el texto en proceso se publique de manera oficial, quienes no puedan demostrar su estatus legal, podrían quedar excluidos del sistema bancario. Las particularidades de la medida al momento se desconocen y, con su publicación, el texto tendrá que esclarecer un tema de central preocupación para muchos: qué sucederá con las cuentas actualmente abiertas de quienes no se encuentran legalizados. Por su parte, ciertos especialistas anticipan que esta normativa podría enfrentar inconvenientes legales y advierten sobre las consecuencias que podría tener en general sobre los costes administrativos.