En Estados Unidos, se ha implementado un sistema de control financiero que exige a las entidades bancarias informar al gobierno federal sobre ciertas transacciones en efectivo. Estas regulaciones tienen como objetivo identificar movimientos inusuales de capital y prevenir delitos como el lavado de activos, la evasión fiscal y otras actividades ilícitas. El monitoreo no se restringe únicamente a los grandes depósitos realizados en las sucursales bancarias. También incluye retiros y depósitos de efectivo realizados en cajeros automáticos, siempre que excedan un monto específico establecido por la legislación vigente. Cuando se produce esta situación, la información es registrada y puede ser objeto de análisis por parte de organismos federales, incluido el Servicio de Impuestos Internos (IRS). El control sobre las transacciones en efectivo se fundamenta en una legislación federal destinada a salvaguardar el sistema financiero. Su propósito es identificar movimientos significativos de capital que no transiten por canales electrónicos y que pudieran estar relacionados con actividades ilícitas. Cuando se excede el umbral establecido, el banco remite un informe a las autoridades financieras gubernamentales. Esta información se encuentra a disposición del IRS y otras agencias, que pueden emplearla para verificar el origen de los fondos y su adecuada declaración fiscal. Asimismo, los bancos tienen la obligación de notificar si detectan maniobras destinadas a eludir el límite, como la fragmentación de grandes sumas en múltiples depósitos menores. En tales situaciones, el control puede activarse incluso si ninguna transacción individual supera los 10.000 dólares. Que una operación sea reportada no implica automáticamente una sanción ni una acusación. En la mayoría de los casos, se trata solo de un registro administrativo que forma parte del sistema de control financiero. En términos prácticos, cualquier persona que deposite o retire más de 10.000 dólares en efectivo en un solo día en Estados Unidos debe saber que esa operación será informada al gobierno. Es un mecanismo legal vigente que apunta a la transparencia y al control del dinero en efectivo dentro del sistema bancario. Las personas que pueden justificar el origen legal de su dinero, como ingresos declarados, ahorros personales o ventas documentadas, generalmente no enfrentan consecuencias. Sin embargo, el movimiento queda registrado y puede ser tenido en cuenta en futuras revisiones fiscales.