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Las autoridades estadounidenses reforzaron los controles sobre el dinero que sale del país en los últimos meses. El aumento de alertas y disposiciones federales generó inquietud entre residentes que envían remesas al exterior con regularidad.

Aunque la mayoría de las transferencias son legítimas, el Gobierno ahora exige una vigilancia más estricta. Esto implica nuevas obligaciones para las empresas de envío de dinero y un monitoreo ampliado sobre quienes remiten fondos a otros países.

¿Cuál es el monto desde el que Estados Unidos comienza a investigar los envíos al exterior?

Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) indicó que los negocios de envío de dinero deben presentar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) desde los u$s 2.000 cuando haya indicios de fondos ilícitos o uso inapropiado del sistema financiero. El umbral no cambió, pero sí la exigencia de reportar de manera más estricta.

Esto incluye transferencias realizadas por personas sin estatus migratorio legal o con fondos que puedan provenir de actividades no autorizadas. A partir de ese monto y ante cualquier señal de alerta, el reporte es obligatorio.

Factores que pueden activar una revisión

  • Envíos repetidos en poco tiempo.
  • Montos que superan el nivel habitual del remitente.
  • Operaciones desde zonas fronterizas bajo vigilancia especial.
  • Destinatarios o países asociados a actividad criminal.
  • Fondos sospechosos o provenientes de empleo no autorizado.
El umbral no cambió, pero sí la exigencia de reportar de manera más estricta. Foto: Archivo.
El umbral no cambió, pero sí la exigencia de reportar de manera más estricta. Foto: Archivo.Fuente: narrativas-us

¿Por qué Estados Unidos aplica controles más estrictos?

El Gobierno advierte que redes criminales han usado transferencias pequeñas para mover dinero ilícito. Según FinCEN, estos mecanismos han servido para financiar narcotráfico, trata de personas y operaciones de carteles extranjeros .

Por ello emitió alertas, órdenes geográficas y nuevas guías de monitoreo dirigidas a empresas en zonas críticas de Arizona, California y Texas. El objetivo es identificar patrones irregulares y frenar el uso del sistema financiero estadounidense por parte de organizaciones ilícitas.