La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó un criterio clave sobre el acceso a la pensión por concubinato en México, al declarar inconstitucional una exigencia que durante años dejó fuera a miles de personas. El fallo impacta directamente en quienes buscan este beneficio a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). A partir de ahora, el acceso podría ampliarse, aunque bajo nuevas condiciones que siguen siendo determinantes para obtener el beneficio. El máximo tribunal resolvió que es inconstitucional exigir un mínimo de cinco años de convivencia o tener hijos en común para acceder a una pensión por concubinato. Este criterio estuvo vigente durante años y funcionaba como un filtro automático para rechazar solicitudes. La Corte consideró que este requisito vulneraba derechos fundamentales como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la familia. Además, sostuvo que las relaciones afectivas no pueden medirse únicamente por el tiempo de duración. Con este cambio, se elimina una barrera que impedía reconocer legalmente muchas uniones que, aunque reales, no cumplían con el plazo exigido. Aunque se eliminó el requisito de los cinco años, la pensión no se otorga automáticamente. La SCJN dejó en claro que las personas deberán seguir acreditando la existencia del concubinato mediante pruebas concretas. Entre los elementos que pueden utilizarse para demostrar la relación se encuentran documentos, testimonios o cualquier evidencia que confirme la convivencia y el vínculo entre las partes. Esto implica que cada caso será analizado de forma individual, sin un plazo mínimo obligatorio, pero con la necesidad de comprobar que existía una relación estable. El fallo abre la posibilidad de que personas que anteriormente fueron rechazadas por no cumplir con los cinco años de convivencia puedan volver a reclamar el beneficio. Esto representa un cambio significativo en el acceso a la seguridad social. Sin embargo, la resolución no modifica automáticamente la ley. El Congreso deberá definir un nuevo marco legal que establezca criterios claros para acreditar el concubinato, por lo que el escenario actual depende en gran parte de la evaluación caso por caso.