Los legisladores y dirigentes de los partidos de la oposición (Independiente, Nacional, Colorado, Constitucional Ambientalista y Ecologista Radical Intransigente) junto a representantes de la Federación Rural y de la Asociación Rural de Florida, y vecinos y productores presentaron una demanda judicial para frenar el avance del proyecto de la represa de Casupá.
Esta idea surgió del Partido Independiente (PI) y luego se plegaron dirigentes del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC), el Partido Constitucional Ambientalista y el Partido Ecologista Radical Intransigente.
La demanda plantea que la Justicia haga lugar a una medida cautelar de “suspensión inmediata de toda actuación administrativa, contractual, financiera, presupuestal, licitatoria, expropiatoria o material” vinculada al proyecto.
Los demandantes buscan frenar cualquier acto que “implique continuar incrementando el grado de consolidación jurídica, administrativa, patrimonial o material del proyecto de la represa Casupá”, hasta que recaiga una sentencia definitiva o la sede judicial disponga otra solución mientras se sustancia el proceso.
En la demanda se solicita que la actuación del gobierno se ajuste a lo previsto en la Constitución de la República, la Ley N° 16.466 (de evaluación de impacto ambiental), el Decreto N° 349/005, la Ley N° 18.610 (de Política Nacional de Aguas) y el resto del ordenamiento jurídico aplicable a este tipo de emprendimientos.
Paralizar todo el proyecto
En el escrito se solicita que OSE cese todas las acciones del proyecto de la construcción de la represa, y a abstenerse de continuar impulsando actuaciones administrativas, contractuales, financieras, presupuestales, licitatorias, expropiatorias o materiales que incrementen el grado de avance del emprendimiento.
La demanda exige que se suspenda la licitación pública internacional de la obra hasta tanto se cumplan los presupuestos jurídicos habilitantes que establece el ordenamiento vigente.
Además, solicita que la Justicia disponga las medidas necesarias para restablecer “plenamente la juridicidad vulnerada”, asegurar la eficacia de una eventual sentencia favorable e impedir que se consoliden situaciones jurídicas, contractuales, patrimoniales o materiales incompatibles con lo que finalmente se resuelva en el proceso.
Las obras de la represa, que demandará una inversión de 130 millones de dólares, involucran a unos 110 padrones, correspondientes a 47 propietarios, y totalizan aproximadamente 3 mil hectáreas, según la información proporcionada por OSE.
El impacto ambiental
El escrito está acompañado de un informe técnico que compara los impactos del proyecto Casupá frente a una alternativa de captación de agua directamente desde el Río de la Plata.
El documento describe un impacto ambiental severo del embalse proyectado: la pérdida de entre 3.500 y 4 mil hectáreas de tierras productivas que quedarían bajo agua o en el área de amortiguación, y la inundación de 426 hectáreas de monte nativo y ribereño, un daño que el informe señala como no contabilizado en las evaluaciones de costos del proyecto.
El informe advierte que el reservorio de agua proyectado con un volumen de 120 millones de metros cúbicos sobre una cuenca de apenas 685 kilómetros cuadrados, tendría un tiempo de retención del agua unas ocho veces superior al de la represa de Paso Severino.
Esta situación puede aumentar el riesgo de floraciones de cianobacterias por la baja renovación del agua y la acumulación de fósforo y nitrógeno en la cuenca.
El documento también señala que, ante un eventual vaciamiento, mientras Paso Severino demora entre uno y dos meses en normalizarse, Casupá tardaría entre 8 y 16 meses o más en recuperar su nivel operativo.
