El Gobierno apura las gestiones para poner fin al prolongado conflicto laboral en la terminal de contenedores de TCP (Terminal Cuenca del Plata), que ha afectado la operativa portuaria y el comercio exterior durante meses.
El Ejecutivo otorgó un plazo de 72 horas para que la empresa y el sindicato alcancen un acuerdo, al tiempo que promulgó una normativa que exige guardias mínimas en la terminal, una vía intermedia que evita el decreto de esencialidad reclamado por la empresa y la oposición.
El ministro de Trabajo, Juan Castillo, explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento del puerto sin recurrir, por el momento, a la declaración de esencialidad. Castillo sostuvo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no clasifica al puerto como un servicio esencial de manera general, aunque admitió que pueden existir “excepciones” en casos de “extrema complicación” que justifiquen medidas extraordinarias.
“Estamos buscando una solución que respete el derecho a la huelga y, al mismo tiempo, proteja la continuidad de un servicio estratégico para la economía del país”, dijo el ministro. La normativa de guardias mínimas apunta a mantener operaciones básicas y evitar un colapso de la cadena logística mientras continúan las negociaciones.
El presidente Yamandú Orsi pidió “cautela” y advirtió que, aunque el recurso de la esencialidad está disponible, actualmente no se dan las condiciones para aplicarlo. El mandatario instó a las partes a priorizar el diálogo y a aprovechar el plazo de 72 horas para cerrar un acuerdo que ponga fin al enfrentamiento laboral que paralizó parte de la actividad en la terminal.
La empresa TCP, cuya accionista mayoritaria es la multinacional belga Katoen Natie, había solicitado formalmente la declaración de esencialidad para sus servicios ante la intensificación del conflicto. Desde la firma indicaron que la prolongación del conflicto genera pérdidas significativas y pone en riesgo las exportaciones e importaciones que transitan por el puerto de Montevideo.
Por su parte, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la terminal mantiene posiciones firmes en demanda de mejoras laborales y condiciones de trabajo. Fuentes sindicales señalaron que las medidas de fuerza se sostienen como respuesta a lo que definen como falta de avances concretos en las negociaciones colectivas y al accionar de la empresa durante las conversaciones.
En el terreno político, la disputa generó cruces entre la oposición y el gobierno. Sectores críticos al Ejecutivo reclamaron la declaración de esencialidad como mecanismo para garantizar la normalidad operativa, mientras que el oficialismo buscó una solución que conciliara equilibrio entre derechos laborales y la preservación del abastecimiento y la economía nacional.
Una eventual declaración de esencialidad podría profundizar la tensión social y abrir un frente de confrontación con los trabajadores, además de afectar la percepción internacional sobre el clima laboral en Uruguay. En tanto, la puesta en marcha de guardias mínimas representa una salida temporal que compra tiempo para negociar sin escalar el conflicto.
Con el reloj corriendo, la expectativa hoy está puesta en la mesa de negociación. Si no se alcanza un acuerdo dentro del plazo establecido por el Ejecutivo, el Gobierno advirtió que evaluará las medidas a adoptar, sin descartar recursos legales o administrativos adicionales para garantizar la operatividad del puerto.
Mientras tanto, operadores logísticos y exportadores siguen de cerca el desenlace: cualquier interrupción prolongada en TCP repercute en rutas de comercio exterior, costos y plazos de embarque. La resolución del conflicto será clave para restablecer la normalidad en una terminal estratégica para Uruguay.
