El gobierno anunció la emisión de una normativa que impondrá a los trabajadores de la terminal de contenedores de TCP la obligación de mantener guardias mínimas para asegurar el funcionamiento de las operaciones de carga y descarga en el Puerto de Montevideo. Si bien no se recurrirá a un decreto de esencialidad, la medida persigue el mismo objetivo práctico: evitar la paralización que afecta la cadena logística y el comercio exterior.
La decisión responde a la creciente preocupación por el impacto del conflicto sindical en la operativa portuaria y a planteos empresariales que advirtieron sobre distorsiones en la actividad. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, rehúsa la esencialidad por considerar que, según la interpretación predominante de la OIT, el puerto no figura entre las actividades a decretar como esenciales; no obstante, el Ejecutivo entiende que la normativa internacional contempla excepciones ante casos de “extrema complicación” de actividades relevantes.
La nueva normativa establecerá los turnos y funciones mínimas que deberán cumplirse para garantizar la continuidad del servicio, sin llegar —según el Ejecutivo— a vulnerar derechos laborales fundamentales. Desde el sindicato, advirtieron que evaluarán la vía legal y política para impugnar cualquier imposición que consideren excesiva, mientras las empresas portuarias esperan que la medida permita recuperar ritmos operativos y reducir pérdidas.
El anuncio abre un capítulo de tensión entre el gobierno, la empresa y los trabajadores: la solución técnica propuesta busca mitigar el daño económico inmediato, pero su implementación y aceptación dependerán de la negociación, el control del cumplimiento y de eventuales recursos judiciales que puedan presentar las partes.
