El reino del revés, el mismo que proclamaba la inolvidable María Elena Walsh, existe y está en la Argentina. El lugar donde un ladrón es vigilante y otro es juez y donde dos y dos son tres parece encarnado en la sanción impuesta por la Secretaría de Comercio Interior (SCI) del Ministerio de Economía a una consultora privada por difundir el resultado de sus mediciones. Aparentemente, la SCI se apresta a aplicar nuevas multas y sanciones a otras consultoras.

La acción gubernamental es violatoria de la Constitución Nacional, que consagra en su artículo 14 -entre otros derechos- la libertad de expresión y de ejercer una industria lícita. También infringe el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que forma parte del ordenamiento constitucional argentino, que postula que las personas son libres de investigar y de difundir libremente los resultados de sus investigaciones, así como de comunicar sus opiniones.

Por otro lado, es muy discutible que la Secretaría de Comercio tenga atribuciones y jurisdicción administrativa sobre una entidad privada que opera lícitamente y en un ámbito no regulado. Una consultora fue multada con $500.000, una cifra absolutamente abusiva, capaz de ocasionar un daño económico tan grande a una entidad privada que implicaría la confiscación de su patrimonio y la cesación de actividades. Este despropósito muestra a un gobierno ejerciendo un ilegítimo efecto mordaza y una arbitraria intervención en las actividades perfectamente legales de una entidad privada.

Pero lo que sin duda asombra hasta llegar a una situación de reino del revés es la osadía política de quienes han hecho de su trabajo un engaño diario y sistemático del pueblo argentino, negando la existencia de inflación y de tantos otros problemas. De este modo, los impulsores de la mentira sancionan a quienes buscan la verdad.

Se trata de los mismos funcionarios y del mismo modus operandi que destruyó un instituto de estadísticas como el Indec, un organismo estatal eficiente y confiable, que, más allá de cuestiones mejorables, había estado a cubierto de manipulaciones políticas. A nadie se le escapa que estas consultoras no estarían midiendo la inflación si el Indec estuviese cumpliendo correctamente con su deber. ¿O también debería multarse a los organismos estadísticos provinciales, que no manipulan los datos y cuyas mediciones de inflación son enteramente consistentes con las de las consultoras privadas?

¿Podría llegar esa política del gobierno a las consultoras privadas políticas que difunden cifras de encuestas? ¿A los encuestadores pro-oficialistas que han tenido errores de hasta 20 por ciento en pronosticar triunfos del gobierno? ¿O podrían llegar tal vez a las publicidades políticas? ¿A los discursos en una tribuna? ¿A la regulación del discurso político general y con ella a la muerte de la libre expresión?

Una vez más, el gobierno debe reflexionar sobre su actitud. Ni el sol se puede tapar con los dedos, ni la inflación con los dedos manipuladores del INDEC. Muchos países han logrado controlar la inflación: pero lo han hecho con bancos centrales independientes y metas de inflación, no aplicando la fuerza bruta sobre empresas y comerciantes o adulterando las mediciones.

Y mucho menos multando y persiguiendo a quienes dicen la verdad, en un descabellado oscurantismo gubernamental que excede ya la manipulación y las adulteraciones para ingresar ya en el terreno de la violación de la libertad de expresión.