La auditoría interna (AI) es una función independiente dentro de la organización, cuyo objeto es examinar y evaluar la eficiencia y la efectividad de su sistema de control interno y su calidad de funcionamiento. Revisa la confiabilidad e integridad de la información, el acatamiento de regulaciones, la protección de los activos, el uso económico y eficiente de los recursos, el cumplimiento de programas, las metas y objetivos; asimismo, abarca actividades financieras y operacionales.

A diferencia del ámbito privado, donde el lucro está presente en todas sus actividades, el sector público tiene particularidades. Aquí el sentido político prima en todas la etapas de la decisión de los funcionarios de primera línea y los fines están directamente relacionados con la satisfacción de necesidades de orden colectivo. Los auditados tienen a su cargo la administración de fondos que no les son propios, sino que les han sido entregados para su utilización y por cuya gestión deben rendir cuentas.

Es importante para los auditores internos gubernamentales mantener la neutralidad política, tanto la real como la percibida, y así lo recomienda el Código de Ética que encuadra su desempeño.

La auditoría interna contribuye a concientizar a los funcionarios respecto de la importancia de la generación de información confiable. Favorece el cambio cultural, ofreciendo análisis innovadores, desde una visión independiente, con el componente de la evaluación de riesgo efectuada para emitir opinión y crear conciencia de la importancia de la gestión de los riesgos.

Mediante acciones de monitoreo, sin vulnerar la independencia de criterio, contribuye con la autoevaluación de la gestión de los programas, a fin de evitar fallas de control interno en lugar de detectarlas.

Por último, sin dañar la confidencialidad, pone a disposición de los decisores políticos la visión transversal e interjurisdiccional, por la posición privilegiada que le permite detectar recurrencias en distintas áreas de gobierno.

Las compras y contrataciones del Estado suelen ser los procesos más expuestos a cuestiones vinculadas con la corrupción, ya que es el principal comprador de bienes y servicios, y protagonista en la contratación de obras de envergadura. Además del volumen económico, a fines de evaluar su aspecto central para la gobernabilidad, debe repararse en que la ineficiencia se suma a los factores que permiten que se filtren actos ilícitos.

Existe el mito que la transparencia se opone a la eficiencia o la afecta. El sistema de contrataciones públicas en nuestro país no es transparente, pero tampoco es eficiente.

Los auditores internos gubernamentales enfrentan el desafío de anticiparse. Deben transformar las alarmas en alertas tempranas, contribuyendo a consolidar el sistema de control interno, aportando a la mejora efectiva de la cultura de la rendición de cuentas permanente. Los dineros públicos son objeto de control particular para colaborar con el aseguramiento de su utilización, de acuerdo con las decisiones tomadas por las instancias legítimas que expresan la soberanía de los ciudadanos.