Vicentin consigue tregua gremial por tres meses y apunta a ponerle fin a su batalla judicial

Vicentin logró una treguagremial por tres meses, tiempo en el que la cerealera, que puja por cerrar su concurso preventivo, espera resolver sus conflictos judiciales. La empresa firmó un acuerdo con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) para frenar el paro que tenía a su planta sin actividad.

En diciembre, la empresa debía pagar un bono a sus empleados pero, por falta de liquidez, no lo hizo. "Presentamos un esquema de pago y logramos que el sindicato lo aceptara. En la situación en la que estamos, no podemos tener la planta parada", contaron en Vicentin.

El parate de planta, que ya llevaba más de 15 días, complicaba el presente de Vicentin. "Cuando el sindicato toma la posición de retracción, los clientes no nos ofrecen más los contratos de fasón. Hoy, no tenemos contratos. Recibíamos 450 camiones de girasol por día y, ahora, estamos en cero", explicaron allegados a la ceralera.

Los contratos a fasón estaban vigentes hasta febrero. Pero el paro los precipitó. En la empresa, aseguran que, con esta solución, seguramente se renueven y se pueda seguir operando.  

A fines de noviembre y con el objetivo de bajar costos y, así, hacer frente al problema que tiene en el flujo de caja, la cerealera pidió la apertura de un procedimiento preventivo de crisis (PPC). En un escrito presentado en Justicia santafesina, la cerealera advirtió que la situación que atraviesa implicó "continuas y permanentes pérdidas".

El pedido se realizó poco más de un mes después de otro revés para la empresa: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional el acuerdo de la cerealera con sus acreedores, lo que supuso un freno al plan para que la compañía recibiera inversiones de las agroexportadoras internacionales Bunge y Viterra (que, a su vez, están fusionadas a nivel global), y de la local ACA.

En ese momento, la compañía ya había advertido que se vería obligada a pedir el PPC, una medida que había intentado evitar hasta aquel momento.

En Vicentin, explicaron que, cuando se inició el concurso, hace más de cuatro años, la cerealera se encontraba en una posición financiera robusta,  con más de u$s 60 millones en caja, que le permitió seguir operando con normalidad y no tener conflictos sindicales durante todo ese periodo. 

Sin embargo, la demora en la homologación del acuerdo con los acreedores, firmado en 2022, hizo que la situación de caja se deteriorara y obligó a la empresa a recurrir a esta medida. "Ya no hay más dinero en caja como consecuencia del desgaste de la no resolución del concurso", explicaron.

Resolución judicial

Mientras tanto, la empresa sigue a la espera de conocer una respuesta por parte de la Justicia pero apunta a que en tres meses haya un fallo resolutivo.

 "Hay dos vías: una es que se confirme la homologación lo cual sería positivo porque Bunge y ACA tomarían posesión de la cerealera. O que se dicte un cramdown, es decir, que se caiga la oferta y se busque una mejora. Un proceso que podría demorar un año", agregaron en Vicentin.

 "El cramdown no funciona. No hay quien sostenga el pago de las remuneraciones mensuales. Y no hay granos para financiar eso", señalaron.

Recientemente, además, Vicentin demandó a tres presuntos acreedores por los delitos de estafa procesal y extorsión. La compañía aseguró que los acusados buscaron trabar adrede el concurso preventivo y evitar la homologación del acuerdo con el fin de apropiarse de manera ilegítima de la empresa.

Estos fueron Commodities SA, Olzen Industria y Comercio de Calzado, y Mariano Grassi. Este último es a quien acusan de ser el autor intelectual del plan de adquisición de Vicentin presentado por CIMA -hoy, CFS Advisors- para convertir deuda en acciones de la empresa.

Este último contraatacó y dijo que la cerealera solo busca amedrentarlo, a la vez que aseguró que Vicentin denuncia de un plan "ilegítimo para que el concurso llegue al cramdown porque quiere evitar competir en el salvataje".