Tras casi cinco años de concurso, sin haber podido acordar con los acreedores y sin interesados en adquirir la marca, el destino de la cadena de electrodomésticos Garbarino estaba sellado. Tal como adelantó El Cronista la semana pasada, la Justicia comercial decretó la quiebra de la compañía y dispuso la clausura de los únicos tres locales que le quedaban, así como el congelamiento de todos sus bienes. La decisión judicial no es más que el fin de un camino que, en los hechos, estaba agotado desde hace tiempo. Garbarino llevaba años funcionando como una estructura residual de lo que alguna vez fue la mayor cadena de electrodomésticos del país con más de 200 sucursales: locales cerrados, proveedores que ya no entregaban mercadería y un concurso preventivo que, con el paso de los años, se transformó más en una espera que en una salida. El último intento de encontrar una solución nunca terminó de materializarse. En su resolución, el juez de la causa, Fernando D’Alessandro, indicó que, a lo largo del proceso, la empresa no logró reunir la doble mayoría de acreedores exigida por la ley para aprobar un acuerdo, condición indispensable para evitar la liquidación judicial. La sentencia también señala que venció el período de exclusividad durante el cual la deudora tenía prioridad para negociar con sus acreedores. En ese plazo, Garbarino no consiguió los avales necesarios y tampoco prosperó una alternativa de salvataje por parte de terceros interesados, mecanismo conocido como cramdown. Con el decreto de quiebra, la empresa queda desapoderada de la administración de sus bienes, que pasan a ser gestionados dentro del proceso falencial para su eventual liquidación y pago a los acreedores. El tribunal dispuso además mantener la inhibición general de bienes, comunicar la medida a distintos registros patrimoniales y ordenar el cierre de cuentas bancarias cuyos fondos deberán quedar a disposición del juzgado. La resolución también establece una serie de medidas sobre los administradores de la compañía. El presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Ignacio Rosales fueron inhabilitados y quedaron sujetos a una restricción para salir del país sin autorización judicial hasta que avance el proceso. En paralelo, se abrió el período para que los acreedores verifiquen sus créditos ante la sindicatura designada en la causa. El recorrido hasta este desenlace fue largo y lleno de obstáculos. Después de que la Justicia rechazara el acuerdo preventivo presentado por la compañía, el juzgado habilitó el registro de interesados. El aviso publicado en el Boletín Oficial en agosto de 2025 dejó planteado el escenario con claridad: si dentro del plazo legal no aparecía un comprador dispuesto a hacerse cargo de la empresa, la quiebra sería la consecuencia inevitable. Ese paso abrió formalmente la etapa de salvataje, conocida como cramdown. En el registro se anotaron dos interesados. Uno fue Vlinder, una sociedad financiera constituida en 2024 y vinculada a actores del ámbito empresarial y financiero, que quedó habilitada para presentar eventualmente una oferta. La otra inscripción generó sorpresa en el expediente: la propia controlante de Garbarino solicitó ser considerada interesada en adquirir las acciones y las marcas Garbarino y Compumundo. La maniobra implicaba que la misma estructura empresaria que había fracasado en alcanzar un acuerdo con sus acreedores intentara ahora quedarse con la compañía en el proceso de salvataje. En la práctica, suponía reiniciar el esquema bajo nuevas condiciones, pero sin la aparición de capital fresco ni de nuevos accionistas que reestructuraran el negocio. La propuesta mejorada presentada en esa etapa contemplaba distintos esquemas de pago, con quitas relevantes y plazos extendidos. Sin embargo, no solo quedó lejos de alcanzar las mayorías que exige la ley concursal: además el juzgado la consideró fuera de término. Con ese intento frustrado, el cramdown quedó sin alternativas viables y el proceso avanzó hacia su desenlace. Garbarino, que durante décadas fue la mayor cadena de electrodomésticos del país y llegó a tener más de 200 sucursales, entró en concurso preventivo en 2021, arrastrada por una crisis financiera profunda. La caída del consumo, la inestabilidad macroeconómica, la falta de crédito y la acumulación de juicios laborales y comerciales fueron erosionando una estructura que ya venía perdiendo competitividad frente a cadenas más capitalizadas y al avance del comercio online. La compra de la empresa por parte de Carlos Rosales en 2020 había despertado expectativas de rescate. Hubo anuncios de inversores potenciales, negociaciones informales y promesas de recapitalización que nunca se concretaron. En ese camino quedaron, entre otros, los acercamientos de Inverlat -el fondo dueño de Havanna- y del empresario Ricardo Depresbiteris, propietario de Covelia, una compañía de recolección de residuos vinculada al sindicato de Camioneros. El deterioro del negocio quedó reflejado en la propia evolución de la empresa. De los más de 4000 empleados que llegó a tener en su momento de mayor expansión, apenas quedaban 18 trabajadores antes de la quiebra. Los últimos números presentados en la causa muestran la dimensión del colapso operativo. En enero, la compañía registró ventas brutas por apenas $ 1.769.581,45 en sus sucursales, mientras que en el mismo período pagó salarios por $ 6.885.000. El stock informado por la sindicatura alcanza a 1597 unidades, en gran parte mercadería obsoleta o deteriorada y de escaso valor comercial.