

La empresa agropecuaria Los Grobo solicitó su Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Así lo decidió luego de una reunión de directorio celebrada este miércoles, según informó la empresa en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). A partir de este momento, la empresa no pagará algunas cargas sociales, aunque sí debe seguir pagando Obra Social y ART.
Se trata de una herramienta que opera bajo el ámbito de la Secretaría de Trabajo y permite, dentro de ese marco legal, que las empresas que acrediten atravesar una situación económica adversa puedan reducir sus costos laborales. Esto puede implicar desde la flexibilización de condiciones en sus convenios colectivos hasta la aplicación de suspensiones, o, incluso, despidos.
"El referido procedimiento facilitará a la Sociedad la implementación de un conjunto de medidas orientadas a la obtención de beneficios y flexibilización de su estructura productiva, con el objetivo de mejorar las posibilidades de solución al cuadro de crisis financiera que se encuentra atravesando a la fecha", expuso la empresa en el escrito que envió al ente regulador local.
Entonces, según un escrito al que accedió El Cronista, el PPC "tendrá como objetivo transitar este período de adecuación del negocio. Este procedimiento posibilitará tomar medidas orientadas a su estructura de costos obteniendo beneficios, como acceder a la dispensa en el pago de Contribuciones a la Seguridad Social (sin incluir los de Obra Social y Riesgos del Trabajo, tal como admite el art 5to. del decreto 633/18)".
Actualmente, Los Grobo está en medio de su plan de reestructuración. Este incluye, entre otras medidas, presentarse a concurso preventivo y negociar con los proveedores y entidades financieras condiciones de financiación acordes a las posibilidades de pago y fondos disponibles de la empresa.
Fue por esto que, recientemente, cerró un acuerdo con uno de sus acreedores, el gigante brasileño Amaggi para procesar su soja, maíz y girasol, lo que le permitiría cerrar negocios por u$s 150 millones. La empresa ya redujo su plantilla de empleados de 700 a 400.
La semana pasada, la empresa había informado, también a la CNV, la renuncia de su CEO,Enrique Flaiban. La decisión, que entró en vigencia el 30 de junio, se tomó por razones de índole personal. En abril, Los Grobo también había informado la renuncia de su CFO, Pablo De Pellegrin, quien había asumido al cargo en septiembre de 2022. Flaiban había tomado su cargo de forma interina.
Tanto Los Grobo, como su controlada Agrofina atraviesan una compleja situación financiera desde finales del año pasado. Aunque fueron varias las razones que llevaron a las empresas a recurrir a esta herramienta legal, según explicitó en su último balance en el que evidenció pérdidas por $ 36.600 millones, hubo dos cuestiones principales. Una, interna y propia y la otra, externa y ajena.
Dentro de la primera lista, el grupo indicó que las condiciones económicas locales, como la alta inflación, el atraso cambiario, la devaluación tras el cambio de gobierno y las consecuentes caída de la demanda y recesión económica, afectaron su flujo de fondos. Se sumó también, la sequía histórica durante la campaña 22/23, lo que generó una caída de la producción del 40 por ciento.
Esta situación vino aparejada de una fuerte baja en los precios internacionales de los granos, así como un gran incremento en los costos del mercado de insumos agrícolas -no así en los precios de venta-.












