Fuente: Télam
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La cooperativa láctea SanCor fue puesta bajo intervención judicial parcial por orden de la Justicia de Santa Fe, en el marco del concurso preventivo que atraviesa desde febrero. La decisión, adoptada por el juez civil y comercial Marcelo Germán Gelcich, busca reforzar los mecanismos de control sobre la gestión de la empresa ante reiterados incumplimientos laborales, previsionales y contables detectados en los últimos meses.
El magistrado dispuso la designación de un coadministrador judicial con amplias facultades de auditoría, fiscalización y representación. Si bien no se trata de una intervención plena —las actuales autoridades continuarán en sus funciones—, a partir de ahora no podrán adoptar decisiones patrimoniales ni contables sin la firma conjunta del funcionario designado. Cualquier acto realizado sin ese aval será considerado nulo.
La resolución se sustenta en tres ejes críticos señalados por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control (CPC). En primer lugar, la persistencia de deudas salariales: SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y no abonó ninguna de las cuotas del aguinaldo de este año. En las últimas semanas, más de 300 trabajadores enviaron telegramas de intimación, que se suman a los 3.800 ya presentados desde la apertura del concurso.
En segundo término, se detectaron irregularidades previsionales, como recibos de sueldo con datos presuntamente falsos y la falta de aportes a la seguridad social. Estas maniobras derivaron en causas penales contra exdirectivos por presunta apropiación indebida de fondos del sistema previsional.
Falta de información
El tercer punto crítico es la falta de información considerada clave. Según consta en el expediente, la empresa no entregó documentación vinculada al funcionamiento de sus plantas, contratos con terceros, niveles de producción ni al destino de los fondos que percibe, incumpliendo el deber de colaboración establecido en la Ley de Concursos y Quiebras.
Para el juez, la combinación de estos incumplimientos pone en riesgo tanto la continuidad del proceso concursal como los intereses de los acreedores, y justifica la adopción de una medida “intermedia” que permita ejercer un control efectivo sin desplazar por completo a la conducción de la cooperativa.
La decisión judicial llega en un momento crítico para la cooperativa. A fines de octubre, la Justicia había intimado a los acreedores a presentar propuestas concretas para evitar el deterioro definitivo de la empresa. El mensaje fue claro: sin un plan viable, el proceso corría riesgo de naufragar.
En ese marco, comenzaron a aparecer interesados en analizar una eventual inversión. Sin embargo, según pudo reconstruir El Cronista, varios de esos potenciales inversores condicionaron cualquier desembolso a que se decrete la quiebra. El razonamiento es financiero y operativo: ese escenario permitiría acceder a los activos productivos sin arrastrar el volumen de deudas, litigios y pasivos que hoy pesan sobre SanCor.
Actualmente, SanCor se encuentra en concurso preventivo desde febrero, acumula más de 300 pedidos de quiebra y una deuda superior a u$s 400 millones.
Cambio de escenario
En el sector reconocen que, si finalmente se declarara la quiebra, el tablero cambiaría por completo. Para un inversor, el punto de partida sería más simple: activos con valuaciones más bajas, menos frentes judiciales abiertos y la posibilidad de relanzar la operación sin la carga financiera que hoy bloquea cualquier salida.
El impacto sobre el empleo, por ahora, sigue siendo una incógnita. hubo acercamientos de potenciales inversores que siguen de cerca la situación de SanCor. Algunos de ellos prefieren que se avance con la quiebra antes de realizar cualquier desembolso, ya que ese escenario les permitiría acceder a los activos de la compañía sin heredar la pesada estructura de deudas, juicios y pasivos acumulados.
