La AFIP se opone al pago que ex socios de Cristóbal López quieren hacer por OCA

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), principal acreedor de OCA, objeta la forma de pago con la que el grupo patagónico Clear, perteneciente a ex socios de Cristóbal López, quiso cancelar la compra del quebrado operador postal. De esta manera, el ente recaudador se suma a los rechazos que ya expresaron otras partes del expediente, como la sindicatura y los liquidadores de la empresa.

"El organismo que represento aprecia que no existe garantía suficiente para afrontar el saldo del precio de venta oportunamente fijado por el tribunal", expresó la AFIP, a través de un escrito presentado por uno de sus abogados, en el Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, donde está radicado el expediente.

OCA, mayor correo privado de la Argentina, está quebrado desde abril de 2019. Su pasivo roza los $ 20.000 millones, entre el verificado en el concurso preventivo ($ 4494 millones) y el generado luego. La gran mayoría son deudas fiscales y previsionales.

Tasada por sus liquidadores en u$s 37 millones, el 30 de diciembre, el juez Pablo Tejada le adjudicó la empresa a Clear, único oferente que cumplió con todos los requisitos que estableció el juzgado para dos frustrados remates por la compañía.

Clear está conformado por Clear Petroleum, una empresa de servicios petroleros, y Clear Urbana, de limpieza y prestaciones sanitarias. Con origen en Comodoro Rivadavia, son dos empresas que fundó López a inicios de los '90. El ex dueño de Oil Combustibles les cedió hace una década sus participaciones en esas sociedades a tres colaboradores suyos: Juan Ignacio González Pedroso -presidente de ambas-, Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano. Hasta octubre de 2017, las dos compañías tuvieron en sus directorios a los hijos de López: Nazareno (piloto de automovilismo) y Emiliano (dirigente de San Lorenzo).

Clear aceptó cumplir con los u$s 18,5 millones de monto fijo que el juez Tejada había establecido para pagar deudas laborales, impositivas y previsionales y propuso u$s 6,78 millones como precio de compra de los activos. Eso supuso una prima de u$s 1,5 millón sobre el precio base, u$s 5,28 millones, que el magistrado fijó para la segunda licitación, 70% inferior a los u$s 17,6 millones con los que se había lanzado la primera de las truncas subastas.

Clear ya había cancelado esos u$s 5,28 millones dos meses antes. En rigor de verdad, depositó $ 440,88 millones, equivalentes a esa suma en dólares al tipo de cambio del Banco Nación del 23 de octubre. Con ese dinero, en concepto de adelanto del precio contado en efectivo que ofertó por OCA, Clear se sumó a la gestión de la compañía, que llevaba cerca de dos años administrada por una intervención judicial en la que, también, participan el Gobierno Nacional y la Federación de Camioneros. Más del 80% de los por encima de 6000 empleados de OCA está afiliado al gremio de los Moyano. El sindicato, además, es otro de los acreedores que integran el comité de control. Y expresó su apoyo a la oferta de Clear.

Tejada le adjudicó OCA a Clear bajo las mismas condiciones del pliego de licitación. Es decir, que previo a la transferencia de los activos a una nueva sociedad creada por Clear, el grupo debía pagar tanto la suma fija para deudas como el precio de adquisición. Esa cancelación debía ser en efectivo, tanto en dólares como en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día previo al desembolso. Cuando le adjudicó la compañía, Tejada ofreció una tercera opción: un seguro de caución a favor del juzgado por el monto a saldar. En vísperas de la feria judicial de enero, el juez le dio 20 días hábiles para concretar el pago del u$s 1,5 millón de saldo de precio restante. No hizo mención alguna de los u$s 18,5 millones para afrontar deudas.

El 1º de marzo, Clear quiso acreditar el saldo de precio con una caución. Pero presentó una póliza por $ 141,75 millones, equivalentes a u$s 1,5 millón a cotización del Banco Nación del 25 de febrero, día anterior a su fecha de emisión. Enajenadores, síndico y otros acreedores -dos sociedades estadounidenses, Latin American Postal Acquisitions y Latin American Postal Acquisitions II- cuestionaron ese seguro. Afirmaron que, si bien el pago por eventual incumplimiento de Clear podría hacerse en pesos, la caución debía emitirse en dólares. Además, advirtieron que el juez había exigido que fuera otorgada por "una aseguradora de primera línea" y consideraron que ninguna de las tres firmas con las que se contrató -Prudencia, Premiar y Gestión- aplica a esa definición.

"A fin de no redundar en observaciones que ya han sido realizadas, expreso que mi parte comparte las que fueron efectuadas tanto por la sindicatura y los enajenadores, como por Latin American Postal en sus respectivas presentaciones", coincidió el abogado de la AFIP.

No obstante, así como puntualizó la falta de "garantías suficientes" para que Clear afronte el pago, también señaló que "tampoco existe un marco de certeza respecto de la finalización del presente proceso de adjudicación con perspectiva de cobro para los acreedores".

En su escrito, la AFIP pone el dedo sobre una llaga abierta antes de transferir OCA: la omisión de Tejada y Clear sobre los u$s 18,5 millones correspondiente a deudas laborales y fiscales de la empresa.

"Se ha admitido que el oferente garantice el saldo de precio pero no encuentra esta parte determinado plazo alguno dentro del cual, cumplida debidamente dicha garantía, deberá efectivizarse la integración del monto en cuestión", observó el organismo.

"Recuerdo, al respecto, que el Grupo Clear, oportunamente, ofreció un pago escalonado y en cuotas, que fue denegado por Vuestra Señoría".

La alusión es a una primera oferta que había hecho Clear, que el juez rechazó. Consistía en pagar por la empresa en 36 cuotas fijas en pesos, con dólar implícito a $ 75. Por esos días, la divisa estadounidense ya valía $ 83 en el mercado formal.

La AFIP, además, le señaló a Tejada que aquella propuesta inicial de Clear incluyó el pedido de administrar a OCA durante 12 meses, plazo a cuyo fin se produciría el traspaso de activos, "sujeto al cumplimiento de los compromisos asumidos".

"Si bien el tribunal accedió a la administración conjunta con los órganos actuantes, nada dijo respecto del plazo ni de las consecuencias mencionadas con la oferente", reseñó el ente recaudador. En consecuencia, precisó que, según la ley concursal, dentro de un plazo de 20 días desde la notificación de la resolución definitiva que aprueba la adjudicación, "el oferente debe pagar el precio, depositando el importe". En el documento, esta última frase está subrayada.

La AFIP advirtió que, por lo abultado de las nuevas deudas que siguió generando la continuidad de OCA después de su quiebra, "se avizora difícil de recuperar el tenor de los montos por los que se ha enajenado la empresa, lo que coadyuva en la preocupación que generan las circunstancias aludidas".

Por eso, le solicitó a Tejada que "intime" a Clear a "constituir garantía suficiente, respetando los términos de la oportuna resolución judicial y se disponga plazo para integrar el saldo".

El juez, todavía, no definió qué hará. Aún faltan llegar al expediente las respuestas de los otros dos integrantes del comité de acreedores de OCA: la ART Experta y la Federación de Camioneros.

Por lo pronto, el gremio de los Moyano ya dio a entender cuál es su posición. Mientras las demás partes cuestionaban la caución, el presidente de Clear, González Pedroso, presentó un escrito conjunto con Rodrigo Condorí Saldaño, abogado de Camioneros, hombre de confianza de Hugo y Pablo Moyano y, dentro de la administración judicial, quien tiene el volante en la gestión comercial de OCA. Le solicitaron a Tejada una audiencia, "con el objeto de comenzar a analizar cómo se llevará a cabo el proceso de traspaso del personal y los bienes a la adjudicataria y, a su vez, el pago del saldo de precio de compra". El juez la concedió para el viernes de esta semana.