La Justicia ordenó una medida cautelar para que las prestadoras de energía eléctrica y gas restablezcan o se abstengan de interrumpir el suministro en las unidades productivas del grupo Granja Tres Arroyos (GTA) por deudas anteriores al 9 de septiembre, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones.
Así lo resolvió el juez Germán Páez Castañeda, del Juzgado Comercial N°21, ante el pedido que hizo la empresa al solicitar la apertura de su concurso preventivo. A pesar de que el magistrado dispuso que la causa de GTA tramite en el Juzgado Comercial N°1, donde ya está radicado el expediente de Wade S.A., tomó la medida de manera provisoria mientras se define la apertura del proceso.
“Si bien el concurso preventivo aún no ha sido abierto, la norma invocada y el principio de conservación de la empresa autorizan, en este estadio provisional, a adoptar una tutela cautelar que evite el riesgo de ocasionar perjuicios de difícil reparación y propenda a remover los obstáculos que permitan a la empresa superar su problemática económica y mantener activa su explotación, ya que tanto el servicio de electricidad como el de gas resultan, en la actualidad, de fundamental importancia, en particular por las características propias de una actividad biológica de proceso continuo -mortandad de planteles, pérdida de huevos en incubación, ruptura de la cadena de frío, etc”, sostuvo la resolución judicial.
Las empresas ya fueron notificadas. Las prestadoras que figuran en el expediente de la avícola son: Gas Nea; Litoral Gas; YPF Gas; Cañuelas Gas; Natural Gas; Amarilla Gas; Zapiola Gas; Empresa Distribuidora de Energía Norte; Cooperativa de Consumo Eléctrica Gualeguaychú; Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos; Cooperativa de Servicios Públicos General Urquiza; Cooperativa de Servicios Públicos El Tala; Cooperativa Eléctrica de Luján; Cooperativa de Servicios Públicos Ruta J Ltda; Cooperativa Eléctrica de Parada Robles Limitada; Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de San Antonio de Areco; Edenor; Enersa; Cammesa; Cooperativa de Electrificación Rural de Brandsen; Cooperativa de Servicios Públicos 25 de Mayo; Cooperativa Eléctrica de Colón; ABC Energía; Natural Energy, y Gas Natural Ban.
Otras medidas
La Justicia también tomó medidas para preservar la operatoria diaria del grupo mientras se define qué juzgado quedará a cargo del concurso.
En ese sentido, ordenó que los bancos no paguen los cheques de pago diferido emitidos antes del 9 de septiembre pero con vencimiento posterior, y estableció que esos rechazos no generen multas ni inhabilitaciones para la empresa.
Además, autorizó a GTA a abrir una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin posibilidad de girar en descubierto, destinada exclusivamente al pago de salarios, cargas sociales e impuestos.
En cambio, el juez no hizo lugar por ahora al pedido de levantar los embargos que recaen sobre las cuentas bancarias de la compañía. Esa cuestión deberá ser analizada por el juzgado que finalmente intervenga en el concurso, una vez que se abra formalmente el proceso y se designe al síndico.
Deudas y acreedores de la mayor avícola del país
En el escrito presentado el grupo ante la Justicia, la avícola expuso el deterioro que atraviesa el negocio: al 31 de diciembre de 2025, la deuda que tenía la empresa ascendía a $ 536.000 millones. A esa cifra hay que sumarle el pasivo que fue acumulando a lo largo de este año y que hasta el momento no se detalló.
De ese total, unos $ 199.000 millones corresponden a deudas financieras; $ 161.000 millones a proveedores; $ 52.000 millones a impuestos; $ 78.000 millones a deudas laborales y fiscales; y $ 46.000 millones a otras deudas comerciales.
Además, suma más de $ 126.000 millones en cheques rechazados. Asimismo informó un total de 4798 acreedores.
El grupo fijó como fecha de su cesación de pagos el 29 de enero de este año, cuando no pudo hacer frente a obligaciones con diversas entidades financieras por un monto de $ 2070,7 millones.
En un documento de 61 páginas, la empresa atribuyó el estado crítico de su estructura financiera a una combinación de factores y a una “acumulación de severos desequilibrios macroeconómicos”.
Por un lado, mencionó la imposibilidad de trasladar el aumento de los costos de producción al mercado doméstico que -apuntó- se encontraba “saturado” por un exceso de oferta.
A la saturación de la oferta local, la empresa identificó diversos factores externos que pusieron en jaque su operatoria: la sequía histórica que afectó al campo durante la campaña 2022/2023 y elevó los costos de los granos; el ingreso de carne aviar importada, principalmente de Brasil; y, quizás el punto más importante, el cierre de los principales mercados de exportación debido a la gripe aviar.