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El Ministerio de Trabajo de la Nación y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un acuerdo para proteger a 1800 trabajadores despedidos de Garbarino. Se trata de "un marco de cooperación para la implementación de acciones integradas en materia de empleo", según explicaron desde la cartera laboral, tras la firma del convenio entre el ministro Claudio Moroni y el secretario general de la entidad, el dirigente mercantil Armando Cavalieri.
Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y podrá ser renovado a su vencimiento, previa evaluación de los resultados obtenidos. Promueve la inserción laboral de los trabajadores desvinculados de la empresa en 2020 y 2021.Así, permitirá que las 1800 personas despedidas en ese períodocuenten con el apoyo del Programa de Inserción Laboral (PIL) cuando ingresen en una firma del sector privado.
El programa tiene como objetivo fomentar la inserción laboral de los trabajadores con mayores dificultades de empleabilidad, brindando a las empresas que los contraten una ayuda económica de parte del Ministerio, que cubre parte de su salario.
Además, los empleadores que contraten a los destinatarios de esta medida accederán a una reducción transitoria de contribuciones patronales. Para la verificación de las condiciones de accesibilidad de los trabajadores beneficiarios de las acciones, se aplicarán los controles previstos por el marco normativo de la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado de PIL.
Según explicó el Ministerio de Trabajo, se continuó buscando posibles soluciones al conflicto gremial, luego de convocar decenas infructuosas de audiencias entre la parte empresarial y los trabajadores, de imponerle sanciones a la compañía, de retrotraer los despidos y de concederle el Repro.
Más del 90% del personal de Garbarino está afiliado al gremio que conduce Cavalieri.El resto son operarios logísticos, encuadrados en la Federación de Camioneros, el sindicato que maneja Hugo Moyano, enemigo histórico del "Gitano".
Este martes, los trabajadores realizaron una protesta en Puente Pueyrredón en reclamo de los sueldos adeudados. La manifestación contó con el apoyo de agrupaciones políticas de izquierda y generó caos vehicular en los accesos a la Capital Federal desde el sur del conurbano bonaerense.
En medio de la incertidumbre por el futuro del retailer, la semana pasada, el titular del Juzgado en lo Comercial 7, Fernando D'Alessandro, habilitó el concurso de acreedorespara que la empresa pueda renegociarsu deuda, que supera los $ 25.000 millones. En forma preventiva, le prohibió a su dueño, Carlos Rosales, salir del país.
La crisis de Garbarino
El empresarió adquirió las distintas unidades del grupo Garbarino en junio de 2020. En ese entonces, la compañía pertenecía a sus fundadores, los hermanos Daniel y Omar Garbarino. Hacía solo unos meses, había finalizado la reestructuración de su deuda bancaria, por $ 5000 millones. Como parte de ese acuerdo, le urgía encontrar un socio que inyectara el capital de trabajo que necesitaba para recomponerse.
Rosales, titular del grupo aseguradorProf y ahora ex tesorero del club San Lorenzo,aterrizó y su propuesta le ganó a los intereses de Inverlat, el fondo dueño de Havanna, y de Ricardo Depresbiteris, dueño de Covelia, empresa de servicios de recolección de basura de óptimas relaciones con Moyano.
Tiempo atrás, la cadena fue líder en ventas de electrodomésticos y artículos de electrónica. Llegó a tener más de 240 sucursales y más de 4000 empleados. Cuando asumió el mando Rosales, tenía más de 200 locales en todo el país. El empresario prometió inversiones por $ 2000 millones, que nunca se concretaron.
Antes, tuvo un par de tropiezos. Sus proveedores se negaron a aceptar una quita de entre el 65% y el 75% de los $ 7000 millones que Garbarino les debía por productos. Acordaron un 35%. El otro traspié fue el fracaso en encontrar un nuevo socio que aportara fondos. El que más cerca estuvo fue Facundo Prado, dueño de la operadora de telecomunicaciones Supercanal Airlink. La negociación se extinguió en el invierno. En un intento desesperado, Rosales también habló de una "empresa norteamericana de comercio electrónico" (sic).
Para entonces, Garbarino ya estaba en situación crítica. Los locales cerraban, sin notificaciones a sus propios empleados, quienes acumulaban meses de sueldos sin cobrar. La empresa dejó de facturar por falta de productoy los fabricantes cortaron entregas, porque, además, se quedó sin sistema por deudas con sus proveedores informáticos.
Los juzgados comerciales de todo el país recibieron una avalancha de pedidos de quiebra contra la empresa. Los más resonantes, los de Aerolíneas Argentinasy el Club Atlético Boca Juniors, al que se le debían $ 25 millones por un contrato de patronicio que firmó Rosales, IRSAy Cencosud. Estos dos últimos exigían el desalojo de los espacios que Garbarino y su controlada Compumundo ocupaban (ocupan) en sus shoppings.
Los dueños de los locales del interior retuvieron mercadería como forma de pago. También los empleados de algunas sucursales, ante la falta de definiciones de la empresa. Según los delegados de las sucursales, para entonces, cerca de 1000 empleados ya habían optado por renunciar por la incertidumbre. En noviembre, con todos sus locales ya cerrados, la empresa envió 1800 telegramas de despido.
Hoy, acumula una deuda cercana a $ 800 millones en sueldos y superior a los $ 1500 millones en cargas sociales. Los acreedores tienen plazo hasta el 29 de abril para verificar sus créditos, en el marco del concurso que se habilitó.