Además de aplicar controles sobre los precios y de analizar la facturación de las grandes empresas de consumo masivo, ahora el Gobierno busca conocer las políticas comerciales de estos grupos. La excusa es estudiar la rentabilidad de cada firma. Pero lo concreto es que obteniendo estos datos, puede adentrarse en las estrategias que cada empresa adopta para posicionar sus productos en especial, en los híper y mayoristas. Es decir, los descuentos que pactan, que no siempre son los mismos y que las empresas de consumo masivo eligen de acuerdo a diferentes parámetros y al poder de cada cadena.
Para presionar sobre este reclamo, desde la semana pasada la Subsecretaría de Comercio Interior que dirige Ariel Langer comenzó a enviar cartas a las compañías tanto nacionales como multinacionales y también a los grandes supermercados y autoservicios mayoristas. La nota pide, de manera amistosa pero firme, que las empresas entreguen en un plazo de 15 días copias del detalle de la facturación alcanzada hasta agosto pasado, y también de todas las facturas, notas de crédito y débito emitidas hasta la fecha, Es decir, además de querer conocer cuánto dinero recaudaron hasta ahora, el Gobierno busca también enterarse de qué descuentos y rebajas le aplican los proveedores a los hiper y supermercados. Según pudo saber El Cronista, entre los grandes grupos e hipermercados que ya recibieron este requerimiento se encuentran Molinos; Arcor; Unilever; Coca Cola; Pepsi, así como también Coto; Carrefour; Walmart; Jumbo; Día y Makro. Si bien en estas empresas evitaron opinar sobre el pedido del órgano que depende directamente del Ministerio de Economía, es decir, de Axel Kicillof, fuentes del mercado admitieron la información y explicaron que el reclamo tiene un doble objetivo.
Por un lado, seguir profundizando las políticas de controles sobre los ingresos y las ventas de los grandes grupos. Y por otro, enviar una señal política de continuidad. Es decir, hacerle saber a los CEOs de las grandes compañías que el modelo no está terminado y que luego de las elecciones de octubre próximo se mantendrán de manera estricta los controles. De hecho, fuentes cercanas al propio Langer aseguraron que la medida tiene como objetivo "hacer llegar un mensaje de continuidad, de que no nos vamos nada y que seguiremos aplicando políticas regulatorias tal como venimos haciendo hasta ahora".
Según la visión de los funcionarios, el requerimiento servirá para analizar "la rentabilidad" producto por producto. Pero entre los empresarios advierten que en el caso de la facturación el Gobierno ya posee dichos datos debido a que las compañías tienen la obligación de informar mensualmente sobre sus movimientos a varios organismos públicos como la AFIP y la Secretaría de Comercio Interior, entre otros. La preocupación pasa por lo que llaman "el agregado" a ese requisito. Es decir, al pedido de envío de las notas de crédito y débito, que son las que marcan de alguna manera las políticas de descuentos que los grupos de consumo masivo aplican en las ventas a los grandes supermercados y que no siempre son similares.
En una de las empresas explicaron que con esta documentación el Gobierno puede conocer qué márgenes de rentabilidad le quedan, si es que quedan, a las compañías luego de aplicados los descuentos sobre las ventas de grandes volúmenes. Y se muestran preocupados por la decisión oficial al punto que analizan con sus asesores legales la viabilidad de rechazar el requerimiento. "Es que si abrimos las políticas comerciales al Gobierno también las pueden conocer nuestros competidores", se quejan los empresarios. Dicen también que las estrategias de descuentos y de ventas son propias de cada empresa y que, por lo tanto, el Gobierno no tiene por qué conocerlas. "Son las reglas con las que juega el mercado", aclaran en otro grupo donde también estudian qué hacer ante la embestida oficial.
Pero mas allá de mostrarse preocupados por esta determinación de tener que abrir o no sus políticas de descuentos al Gobierno, también hay rostros serios ante la incertidumbre de no poder entender las verdaderas razones detrás de este pedido. "Entre los hombres de negocios hay preocupación por no saber qué están pensando, por entender hacia adónde apunta el Gobierno con este avance, además de querer mostrar un mensaje de continuidad de los controles de precios en plena campaña electoral", trata de explicar un ejecutivo que el viernes pasado recibió en su despacho la carta firmada de puño y letra por Langer.
