Burford: el caso YPF es el "mayor hito" en la historia del fondo

Para Burford Capital, el fondo legal londinense que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF en la Justicia de Nueva York, la indemnización de cerca de u$s 16.000 millones que decidió la jueza Loretta Preska el pasado viernes fue un auténtico "hito" en la historia de la firma, fundada en 2009.

"En nuestra reciente carta a los accionistas, nos referimos a los activos relacionados con YPF como uno de los cuatro pilares de valor de Burford y estoy complacido de ver este extraordinario triunfo y el valor que puede crear para nuestros accionistas una vez que completemos el proceso de litigio y le cobremos a la Argentina", expresó Christopher Bogart, CEO y fundador del fondo, que cotiza en las bolsas de Londres y de Nueva York.

"El fallo es un hito importante para Burford y seguimos viendo un impulso en nuestro portfolio general y una demanda continua de nuestro capital y servicios", agregó el abogado, ex VP de Asuntos Legales del conglomerado de medios Time Warner.

"Hemos seguido este caso desde 2015 e implicó un tiempo sustancial de gestión de Burford, junto con la participación dedicada de un equipo de algunos de los mejores abogados del planeta de múltiples firmas jurídicas y expertos de clase mundial (enfrentándose a muy buenos abogados y ganando)", agregó Jonathan Molot, Chief Investment Officer de Burford, quien lideró el trabajo de la firma en este caso.

"Burford está en una posición única para llevar a cabo este tipo de casos y asegurar victorias para los clientes y retornos sustanciales para los accionistas, no sólo por el tamaño y la escala de este tipo de casos, sino también por los recursos internos y externos que podemos aportar de manera única", continuó.

"No hay ningún aspecto de este caso, desde la estrategia hasta los detalles, que no implique que un equipo experimentado de Burford dedique miles de horas a llegar a este punto. Este caso representa de qué se trata Burford y ejemplifica la contribución que hacemos al sistema de Justicia civil: sin nosotros, no habría habido justicia en este caso complicado y de larga duración para Petersen y Eton Park", completó.

Quién es Burford, el fondo al que la Argentina deberá pagarle u$s 16.000 millones por YPF

El 31 de marzo, la jueza Preska, a cargo del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, ya había decidido que la Argentina deberá resarcir a los tenedores de las acciones de YPF que, al momento de la expropiación, poseían el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y el fondo estadounidense Eton Park, de Dirk Donath, ex socio en Farmacity y Pegasus de Mario Quintana, vicejefe de gabinete de Mauricio Macri. El viernes, la magistrada le puso precio a esa indemnización: cerca de u$s 16.000 millones.

Burford es una firma de servicios legales que se mueve con una lógica similar a la de un fondo de inversión: no compra las empresas que reclaman, sino que consigue inversores para adquirir el derecho de litigar en un caso, financia el caso y, luego, distribuye lo conseguido entre quienes aportaron capital para ese juicio.

Desde 2009, generó u$s 2200 millones en retornos de inversión por la ejecución de sentencias, equivalentes a una tasa del 88% promedio por juicio. Recibió consultas de financiamiento de 93 de los 100 estudios jurídicos más grandes por facturación de los Estados Unidos y numerosas firmas boutiques especializadas en litigios.

En 2017, obtuvo su primer gran triunfo contra la Argentina: el laudo del Ciadi, el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, que condenó al país a pagarle u$s 325 millones a Teinver, sociedad del grupo español Marsans, por la estatización de Aerolíneas Argentinas.

Burford, en ese momento, declaró haber invertido u$s 13 millones en ese reclamo. Poco después, en marzo de 2018, el fondo anunció la venta en el mercado secundario, a un comprador no identificado, de ese caso. Facturó u$s 107 millones, es decir, un 736% de retorno sobre el capital invertido en el litigio.

Burford llegó a YPF a través de las sociedades españolas del grupo Petersen. Cuando los Eskenazi, con el padrinazgo de Néstor Kirchner, tomaron el control de la petrolera, financiaron la adquisición del 25% que les permitió aportar su pericia en mercados regulados al manejo de la empresa con los dividendos que generaría la propia compañía. 

La estatización, en 2012, interrumpió ese flujo. Las empresas españolas de Petersen solicitaron su quiebra en la Justicia de ese país. El grupo argentino aseguró, desde entonces, no tener más relación con las firmas. Conocedores del expediente aseguran que fue el síndico de la quiebra quien se acercó a Burford para financiar el reclamo en Nueva York. Más tarde, el fondo londinense sumó el derecho a litigar por la participación (5%) que tenía Eton Park en YPF.

Entre fines de 2016 y el primer semestre de 2017, Burford le vendió a un comprador no identificado el 25% de su interés en el juicio de Petersen. Cobró u$s 106 millones. Al 31 de diciembre de 2017, declaró haber invertido un total de u$s 17 millones en ese caso.

A mediados de 2019, vendió otro 10% en el mercado secundario. Junto con algunas otras transacciones previas, redujo su share en la demanda al 61,25%. El precio de ese 10%, ya en ese momento, fue de u$s 100 millones, lo que valuó al caso en u$s 1000 millones. Hasta entonces, llevaba recaudados u$s 236 millones en operaciones relacionadas con las ventas de "Petersen".

Desde el primer momento, Burford buscó, por lo menos, una compensación proporcionalmente similar a la que recibió Repsol, que pactó una reparación de u$s 5000 millones en 2014. En abril de 2012, el Gobierno de Cristina Fernández le expropió a los españoles el 51% de YPF. En 2014, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, le revoleó bonos por u$s 8000 millones (nominales), que Antonio Brufau, CEO de Repsol, vendió con una tasa de descuento del orden del 35% para hacer cash la indemnización. En ese momento, la española conservaba el 12% de la petrolera argentina. Las empresas de Petersen, quebradas, tenían el 25 por ciento.

El pilar argumental de Burford en la corte de Preska fue que debía hacérseles la misma oferta a todos los accionistas de YPF, como establecía el estatuto de la empresa, sujeto a las reglas de la Bolsa de Nueva York. Precisamente, lo que advertían los "tarados" (sic) a los que Kicillof, factótum de la expropiación, denostó, convencido de que era "estúpido" cumplir el estatuto de la petrolera.

Con cuánto dinero se quedará Burford de la indemnización por YPF y a dónde irá el resto

En un comunicado difundido el fin de semana, Burford pronosticó que, en términos netos, el fondo recaudará cerca del 35% de los ingresos generados en el caso Petersen y el 73% de los de Eton Park. "En el caso Petersen, Burford tiene derecho, en virtud de un acuerdo de financiación celebrado con el administrador concursal español, al 70% de cualquier recuperación obtenida del caso Petersen", aclaró.

Eso significa que la quiebra recibirá el 30% de los u$s 14.300 millones en los que Preska valuó la indemnización por Petersen. Son u$s 4290 millones que, en teoría, deberían repartirse entre los acreedores de las sociedades: Repsol y los bancos internacionales que, hace más de 15 años, dieron los préstamos para financiar la compra del 25% de YPF. En su momento, los Eskenazi habían recibido u$s 2800 millones, en dos tramos, para pagar esas acciones.

"De ese 70%, habrá que pagar ciertos derechos a los estudios de abogados implicados en el caso y otros gastos, reduciendo esa cifra a alrededor del 58%", avanzó el comunicado de Burford.

"Sin embargo, Burford vendió el 38,75% de sus derechos en el caso Petersen a terceros inversores, reduciendo la participación neta de Burford en los ingresos a alrededor del 35% (58% x 61,25%)", precisó.

La jueza estableció en u$s 1700 millones el pago por Eton. En ese caso, informó Burford, "hay tanto un acuerdo de financiación como una transacción de monetización; el impacto neto combinado de esas transacciones es que Burford esperaría recibir alrededor del 73% de cualquier ingreso". Aclaró que, en este caso, no vendió ningún derecho a un tercero.

Por supuesto, Burford aclaró que se trata de una sentencia de primera instancia, apelable y cuyos montos, además, expresan el punto máximo del rango de reparación previsto en el expediente. "Con una sentencia ejecutable en mano, los demandantes necesitarán negociar una resolución del asunto con la Argentina, lo que, ciertamente, resultaría en lo que, probablemente, sea un descuento sustancial en el monto de la sentencia a cambio del pago acordado, o emprender una campaña de ejecución contra la Argentina, que probablemente tendría una duración prolongada, dependiendo de la experiencia de Burford y sus asesores en la ejecución de sentencias", explicó.

Algo que, en palabras más sencillas, es uno de los principios con los que se maneja su CEO, Bogart: "Muchos acuerdos de litigios judiciales producen buenos retornos. Pero los mejores vienen de los casos que van a corte y ganamos". En el caso de Burford, proclama, el acuerdo es lo más común. "Lo vemos todo el tiempo: más del 90% de los litigios termina acordándose".