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Las bodegas argentinas se preparan para una nueva etapa desde el 1 de enero, con la entrada en vigencia de la desregulación del sector vitivinícola, que modificó el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y eliminó 973 normas para aliviar la carga burocrática y mejorar la competitividad.
La medida, impulsada por el Gobierno, incluye cambios en los mecanismos de control del sector y vuelve opcional el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un trámite que hasta ahora era obligatorio para los productores. La decisión generó tensiones dentro de la actividad y derivó en la presentación de un amparo por parte de entidades del sector vitivinícola, entre ellas la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa).
Este miércoles, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó la judicialización de la medida, al comparar la postura de la Asociación de Viñateros de Mendoza con la del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
“Vamos a pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, escribió en su cuenta de X el funcionario, y planteó que la obligatoriedad del CIU habría servido como una herramienta para concentrar información clave sobre el movimiento de la uva y el vino dentro del mercado, además de facilitar prácticas anticompetitivas y preservar intereses particulares dentro del sector.
Tras esos dichos, la Asociación de Viñateros de Mendoza salió a marcar distancia y expresó su “profundo malestar” por la comparación realizada por el ministro. Desde la entidad señalaron que equiparar la vitivinicultura con disputas del fútbol profesional “banaliza una problemática seria” y desconoce la realidad productiva de una economía regional que involucra a miles de productores, trabajadores rurales y familias en todo el país.
La AVM defendió la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y advirtió que su eliminación afecta la seguridad jurídica, la trazabilidad y la transparencia en la cadena. “Es el único documento oficial que acredita la propiedad y procedencia de la uva y respalda al productor primario frente a la entrega de su producción”, señalaron.
El ministro de Producción provincial, Rodolfo Vargas Arizu, sostuvo que la provincia acompañó el proceso de desregulación y respaldó la eliminación de 972 normas que, según sostuvo, “impedían el libre mercado y entorpecían el desarrollo del sector, tanto en nuestro país como en el mundo”. Sin embargo, aclaró que una de esas regulaciones -el CIU en su carácter obligatorio- cuenta con el respaldo del Gobierno provincial y del Ministerio de Producción.
Por su parte, Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, sostuvo que “el nuevo esquema altera un equilibrio histórico en la cadena” y advirtió que la eliminación de la obligatoriedad debilita el respaldo documental de los productores. “Ese papel es nuestro título de propiedad”, explicó.
Según datos del Observatorio Vitivinícola, desde 2014 dejaron de producir cerca de 4000 viñateros. Aunque la superficie total se mantiene relativamente estable por el avance de proyectos de mayor escala, las fincas familiares se reducen año tras año. Córdoba advirtió que, en un contexto de consumo presionado y márgenes ajustados, cualquier cambio que debilite la posición del productor frente a la bodega puede acelerar ese proceso de salida.
En paralelo, durante una reunión entre cámaras del sector, gobiernos provinciales y autoridades nacionales se revisó un conjunto de puntos que la industria considera básicos para el funcionamiento del negocio. Según pudo saber El Cronista, ese esquema incluye el registro de viñedos, la declaración del ingreso de uva, el control de los volúmenes elaborados y criterios de fiscalización del movimiento y despacho del vino, con el objetivo de preservar documentación mínima sobre origen, añada y procedencia.
Desde el Gobierno de Mendoza rechazaron los dichos del ministro y cuestionaron el tono de la comparación. Vargas Arizu sostuvo que “la respuesta de su parte siempre fue negativa” y afirmó que equiparar a la vitivinicultura mendocina con la AFA y su presidente “constituye una falta de respeto a la institucionalidad mendocina y a cada uno de sus productores y bodegueros”. Además, advirtió sobre una “judicialización que podría haberse evitado con un mínimo de empatía”.
Entre los productores, la preocupación se concentra en tres frentes: la pérdida del CIU como respaldo documentado de la uva entregada, la posibilidad de que la ausencia de controles intermedios habilite conductas oportunistas que afecten la reputación del vino argentino y el impacto que un cambio de reglas de juego pueda tener sobre un entramado productivo que ya viene mostrando una salida sostenida de pequeños viñateros.
La resolución
La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, derogó 973 normas del INV y redefine el rol del organismo, que dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias de la producción para concentrarse en el control de los vinos embotellados.
El ministro de desregulación, Federico Sturzenegger señaló que el objetivo es darle flexibilidad a una industria que ya demostró su potencial, y es momento de cerrar la puerta a la discrecionalidad y la corrupción.
El nuevo esquema contempla que los certificados de origen, añada y varietal serán optativos y podrán gestionarse de forma privada. El INV conservará su rol de fiscalización, pero sólo en el producto final y a través de controles analíticos. El cambio regirá a partir de enero de 2026, cuando entre en vigencia el digesto normativo que reemplaza al entramado previo.
