Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, enfatizó que cuando la propina se convierte en un requisito, se despoja de su esencia y valor como retroalimentación del servicio. El funcionario instó a los consumidores a examinar detenidamente sus cuentas y reportar cualquier irregularidad. El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe de manera explícita los métodos comerciales coercitivos y las condiciones abusivas en la prestación de servicios. La Procuraduría Federal del Consumidor emitió un recordatorio para restaurantes, bares y cafeterías: incluir la propina de forma automática en la cuenta se considera una práctica abusiva. La entidad aclara que esta prestación representa una gratificación voluntaria que el cliente otorga como reconocimiento por un servicio excepcional. Por lo tanto, ningún establecimiento puede condicionar la atención al pago de propina ni agregarla directamente al ticket sin autorización expresa del consumidor. La decisión de otorgar propina —y el monto— corresponde exclusivamente a quien recibe el servicio, sin que exista obligación legal alguna. La recomendación es verificar cada concepto en la cuenta antes de realizar el pago y exigir explicaciones claras sobre cualquier cargo adicional. Ante la detección de estas prácticas y con el objetivo de evitarlas es importante levantar una denuncia llamando al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o al 800 468 8722, o por medio del correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx. La procuraduría intensificó su vigilancia durante esta temporada de alto consumo, cuando restaurantes y bares registran mayor afluencia. El llamado busca evitar que establecimientos aprovechen las festividades para implementar prácticas abusivas que vulneren los derechos de los consumidores. Es habitual que la propina se sitúe en un rango de entre el 10% y el 15% del total consumido; sin embargo, hay clientes que eligen porcentajes superiores —20% o 30%— en función de la calidad del servicio recibido. Asimismo, se reconoce la libertad de no otorgar propina sin que ello conlleve a un trato desfavorable o a la negativa del servicio. En línea con la protección al consumidor, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Profeco y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) investigar los cargos extra que plataformas como Uber, Didi y Rappi están aplicando bajo el concepto “ajuste por la nueva ley laboral”. Durante una conferencia matutina desde Palacio Nacional en noviembre pasado, la mandataria expresó que ninguno de estos cobros está autorizado y ni el usuario ni el trabajador deben absorber el costo del esquema de seguridad social. La reforma laboral establece con claridad que las plataformas digitales son las responsables de aportar a la seguridad social, tal como ocurre en otros sectores formales. Las autoridades verificarán que las empresas cumplan con la ley sin trasladar costos indebidos a consumidores o trabajadores. Las apps comenzaron a implementar estos cargos tras la entrada en vigor de la reforma que otorgó seguridad social a repartidores y conductores. Empresas como Uber y Rappi justificaron los aumentos argumentando que cubrirían las aportaciones de sus colaboradores. Sin embargo, Sheinbaum rechazó la explicación: “Uber tiene ganancias impresionantes, no tiene por qué pasarle al consumidor final esto. Con así un cachito que le den al trabajador realmente no es cierto que lo deban trasladar”, recordó la presidenta.