La Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, ha logrado ahorros que ascienden a casi 84 mil millones de pesos durante la actual administración. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de la dependencia en la Mañanera de este 22 de septiembre.
“Son cerca de 83 mil millones de pesos que hemos logrado evitar ya sea por altos costos de algún producto, de algún servicio o de alguna obra pública. Y por otro lado, ya las sanciones cuando se encuentra que hay una mala práctica en algún lugar, pues se actúa y como sanción administrativa se envía al Tribunal Superior de Justicia Administrativa”, sostuvo la mandataria.
¿De dónde provienen los ahorros?
Como parte de la glosa por el segundo informe de gobierno, Buenrostro detalló que se protegieron 83.8 mil millones de pesos en dos años: 70 mil mdp en el primer año y 13.8 mil mdp en el segundo. Este monto se compone de:
- 29 mil mdp en mejoras de compras mediante diálogos estratégicos y subastas inversas
- 42.2 mil mdp por seguimiento a la administración de contratos
- 4.8 mil mdp en multas y sanciones
- 7.8 mil mdp por eficiencia organizacional y reestructuras administrativas
“Cuando nos sentamos en el diálogo abierto con los proveedores es mucho más abierta la competencia y es más clara la mejora de los anexos técnicos y de los requerimientos de gobierno”, explicó Buenrostro.
Sanciones a servidores públicos y proveedores
Entre octubre de 2024 y junio de 2026 se reportaron 4,193 funcionarios sancionados: 3,528 por faltas no graves (84%) y 665 por faltas graves turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (16%). De 1,737 servidores remitidos al TFJA, 87 ya fueron notificados como sancionados.
“Las principales causas de sanción son otorgar o autorizar pagos indebidos, sustraer información, autorizar pagos por bienes o servicios que nunca fueron entregados, ocultamiento de bienes, incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y hostigamiento y acoso sexual”, aseguró la funcionaria.
Además, se sancionó a 286 proveedores con inhabilitaciones y multas por 147.3 millones de pesos, y se impusieron 118.5 millones en multas por protección de datos. En el ámbito penal, se presentaron 517 denuncias, con 53 vinculaciones a proceso, entre ellas casos por desvío de recursos, pagos de frijol no entregado al INIFAP y reetiquetado ilegal de medicamentos oncológicos en el ISSSTE.