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De acuerdo con Morena, la corrupción ya fue desterrada del país. Ese es el discurso que han sostenido el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, los mexicanos “tienen otros datos”.
Apenas el 31 de mayo, la presidenta Sheinbaum declaró que en su gobierno “no hay espacio para la corrupción ni para los privilegios”.
No obstante, un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que la percepción sobre la corrupción en el país aumentó por primera vez en casi una década.
Con base en un análisis de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, el IMCO señala que cuatro de cada cinco mexicanos consideraron que la corrupción es un fenómeno frecuente o muy frecuente en su entidad, y la percepción pasó de 83% a 84% entre 2023 y 2025, además de que es la primera vez que la percepción aumenta desde 2017.
Los tres estados con mayor percepción de corrupción son Michoacán, Baja California y Ciudad de México -los tres gobernados por Morena- donde casi 9 de cada 10 habitantes consideran que la corrupción es muy frecuente.
En sentido contrario, la entidad que registró el nivel más bajo es Querétaro, gobernada por el PAN, donde apenas 67% de los habitantes consideraron que la corrupción es alta.
El IMCO abundó que la tasa de prevalencia alcanzó 15,642 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
“Del total de ciudadanos que realizaron pagos, trámites o servicios, 16% fue víctima de algún acto de corrupción”, dijo el organismo no gubernamental.
¿Cómo combatir la corrupción?
El IMCO trazó una ruta para mejorar el combate a la corrupción desde el sector público.
Entre las sugerencias que marcó el organismo que lidera Valeria Moy destaca implementar estrategias regulatorias vinculadas a los Polos de Desarrollo Económico, con el objetivo de implementar esquemas regulatorios diferenciados que simplifiquen y agilicen los trámites para la apertura y operación de empresas.
En segundo término, consideró necesario impulsar la digitalización de los gobiernos estatales y municipales, lo que permitirá que la ciudadanía realice trámites, pagos, solicitud de servicios y resuelva dudas a través de aplicaciones y plataformas digitales. La meta de este punto es reducir el tiempo de cada trámite, las cargas administrativas, así como el riesgo de corrupción.
Finalmente, el IMCO propuso asegurar la integridad de las instituciones públicas y favorecer una mejor interacción entre el Estado y la ciudadanía. Este factor además permitirá incrementar la inversión y detonar el crecimiento económico de México.
