En un reciente encuentro entre autoridades mexicanas y representantes de Estados Unidos, se abordó un tema que ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda: la manera en que se combate el crimen en México, considerado uno de los principales flagelos. La propuesta, formulada en un evento oficial por la Embajada estadounidense, se dirigió a las fiscalías del país y sugiere un cambio de enfoque que no todos esperaban escuchar. Entre los objetivos principales se destacan reforzar la estrategia y consolidar mecanismos que permitan enfrentar Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Mark Coolidge Johnson, subrayó que no es suficiente perseguir delitos individuales; el verdadero reto consiste en desmantelar organizaciones completas. En este contexto, dejó clara y firme su postura: la coordinación, la capacitación y la colaboración entre instituciones son indispensables para mejorar los resultados en materia de procuración de justicia. El encuentro fue presidido por la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien reiteró que el trabajo conjunto con las fiscalías estatales y con autoridades internacionales forma parte de una estrategia sostenida. Aunque la solicitud de Estados Unidos no es nueva, sí resalta la necesidad de fortalecer estructuras institucionales y garantizar una comunicación más efectiva entre los diferentes niveles de gobierno. Uno de los puntos centrales del encuentro fue el acuerdo para implementar a nivel nacional el seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego, una herramienta que busca mejorar la trazabilidad de armas y apoyar investigaciones complejas. Este registro funcionará como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable y estará a cargo de las Unidades de Análisis de Información de cada fiscalía. Además, las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener el intercambio de datos con la Agencia de Investigación Criminal y con el Centro Federal de Inteligencia Criminal. Así mismo, revisaron los avances relacionados con las reformas legales en seguridad pública y la actualización de la metodología para recopilar datos de homicidio doloso. Finalmente, acordaron fortalecer los sistemas de información y entregar estadísticas al Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, con acompañamiento del INEGI y la FGR, para asegurar confiabilidad y calidad en los registros oficiales.