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La empresa Café 1810 reportó ingresos superiores a 15 millones de pesos derivados de contratos con el Senado de la República, los cuales fueron cuestionados tras auditorías que detectaron sobreprecios en productos básicos.
De acuerdo con documentos oficiales, la compañía -representada por Agustín Fernando Rebolledo Cubas- suministró café, refrescos, agua y otros insumos al sector público a precios por encima de los del mercado.
El caso quedó documentado en el contrato ADQ/DGRMSG/010/02/2023, validado por áreas administrativas del Senado. En este acuerdo se fijaron costos que superan los valores habituales de productos de consumo cotidiano.
Entre los ejemplos señalados, destacan pagos elevados por artículos comunes: paquetes de refrescos, miel o nueces con precios que, según los registros, alcanzan hasta un 60% por encima del promedio comercial.
Polémica por las compras del Gobierno a Café 1810
La relación de la empresa con el gobierno no es reciente. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto ya mantenía contratos con dependencias federales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Lejos de reducirse, su participación se extendió a otras instituciones. En 2024, por ejemplo, obtuvo un contrato por adjudicación directa con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, organismo vinculado a la Secretaría de Educación Pública.
El crecimiento de la empresa también generó cuestionamientos. En julio de 2024, el INEA solicitó a Café 1810 revelar quiénes son sus beneficiarios finales, es decir, las personas que realmente obtienen ganancias de los recursos públicos canalizados a través de la compañía.
Hasta ahora, no hay información pública que confirme una respuesta a este requerimiento, lo que mantiene incertidumbre sobre su estructura de propiedad.
Manejo del Presupuesto en el Senado de México
Este caso se suma a las críticas sobre los procesos de adquisiciones en el sector público, especialmente en contratos abiertos y adjudicaciones directas. Especialistas advierten que, sin controles adecuados, estos esquemas pueden derivar en sobrecostos.
En este contexto, los contratos analizados reflejan la necesidad de reforzar la supervisión y la rendición de cuentas en el uso del dinero público, mientras persisten interrogantes sobre los precios pagados y los beneficiarios detrás de estas operaciones.