Miles de trabajadores de México se preparan para un cierre de año con un significativo impulso económico. El pasado 4 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer el decreto presidencial que autoriza el pago del aguinaldo equivalente a 40 días de salario a un sector específico.
Esta prestación adquiere una relevancia particular al programarse su entrega justo antes del inicio de la campaña de ofertas de El Buen Fin 2025.
El documento oficial, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que la dispersión de este beneficio podrá comenzar a partir del 10 de noviembre.
Este calendario anticipado permite a los beneficiarios contar con mayor liquidez para aprovechar los descuentos comerciales de la temporada, incentivando el consumo. La medida se enmarca, según el texto gubernamental, en la búsqueda de preservar los principios de justicia y equidad dentro de la administración pública federal.
Quiénes verán un aumento en su aguinaldo y lo recibirán de manera anticipada
La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el trabajador tiene derecho a percibir el pago del aguinaldo una vez al año equivalente a 15 días de salario, es decir, que el monto final es aproximadamente medio sueldo extra que se debe cobrar hasta antes del 20 de diciembre. Pero a partir de esta medida firmada por Sheinbaum, habrá quienes obtengan un monto superior y de manera anticipada.
La medida publicada en el DOF favorece a los prestadores públicos, es decir, a los trabajadores del Estado. Este beneficio no será generalizado para todos los trabajadores, sino solo para quienes tengan una relación laboral directa con el Gobierno Federal.
- La lista de afortunados abarca a:
- servidores públicos de distintas secretarías y oficina,
- personal operativo y de mando
- miembros del Servicio Exterior Mexicano
- integrantes de las Fuerzas Armadas en activo
- personas contratadas por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales
- diversos grupos de pensionistas y veteranos.
Por otro lado, quedan excluidos los colaboradores bajo regímenes de honorarios especiales o convenios de enseñanza técnica con gobiernos estatales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la encargada de dictar los lineamientos de entrega, asegurando que el recurso provenga de los presupuestos ya asignados, en cumplimiento con la política de austeridad.
