La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las Fuerzas Armadas no están contempladas en la propuesta de reforma constitucional que busca reducir las pensiones millonarias de exfuncionarios públicos. Al ser cuestionada durante su conferencia matutina, precisó que el Ejército queda fuera porque la iniciativa se enfoca en trabajadores de confianza que, en ocasiones, laboraron por periodos cortos y aun así accedieron a jubilaciones que, en sus palabras, no están justificadas. De acuerdo con la mandataria, quienes sí estén sujetos a esta reforma deberán ajustar sus pensiones a un monto que no supere la mitad de lo que gana el o la titular del Ejecutivo. Como ejemplo de los excesos que busca corregir, mencionó el caso de José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, quien percibe una pensión de 120 mil pesos mensuales. Sheinbaum calificó estas situaciones como “abusos y excesos” y adelantó que los montos serán revisados para transparentarlos. El anuncio de esta reforma fue hecho el 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, cuando Sheinbaum señaló la existencia de jubilaciones “exorbitantes” financiadas con recursos públicos. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que hay casos como los del extinto Luz y Fuerza del Centro donde trabajadores reciben más de 700 mil pesos mensuales. La situación se repite en otras empresas gubernamentales. En Banobras y Pemex también se registran pensiones elevadas, siendo esta última una de las más cuestionadas: algunos de sus trabajadores perciben hasta 300 mil pesos al mes, incluso tras pocos años de servicio. La propuesta será enviada al Congreso y busca modificar el artículo 127 de la Constitución. Su alcance se limita a los trabajadores de confianza contratados por periodos cortos que, pese a ello, accedieron a pensiones de montos desproporcionados con cargo al erario. La presidenta fue enfática en distinguir este sector del personal militar, cuyo esquema de pensiones responde a una lógica distinta y no forma parte de los casos que la reforma busca atender. La aclaración llegó ante las dudas generadas por el alcance constitucional de la iniciativa. Con esta propuesta, el gobierno de Sheinbaum apunta a cerrar una de las brechas más cuestionadas en el uso de los recursos públicos: la de las jubilaciones millonarias que, según la mandataria, no guardan proporción con los años de servicio ni con los salarios del resto de los trabajadores del Estado.