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Durante mayo, muchos trabajadores en México reciben el reparto de utilidades, una prestación que representa un ingreso adicional significativo. Sin embargo, en 2025, no todos serán beneficiados con este pago, por lo que algunos deberán despedirse de ese dinero extra.
El reparto de utilidades es un derecho laboral clave en el país, mediante el cual las empresas que generan ganancias deben compartir una parte con sus empleados como reconocimiento a su trabajo y aportación al crecimiento del negocio. Aun así, en este año, hay ciertos casos en los que no se entregará esta prestación.
Checa los detalles de este panorama y evita inconvenientes para cobrar el pago. Ten en cuenta que el reparto de utilidades es un derecho que tienen los trabajadores en el país.
¿Qué trabajadores no reciben el reparto de utilidades?
En México, no todos los empleados tienen derecho a recibir el reparto de utilidades. Según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, hay ciertos casos en los que esta prestación no aplica y, por lo tanto, algunos trabajadores no recibirán este ingreso adicional en mayo. Entre ellos se encuentran:
Directores, administradores y gerentes generales de las empresas.
Socios o accionistas.
Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año fiscal.
Profesionistas, técnicos y prestadores de servicios por honorarios sin relación laboral subordinada (freelancers).
Trabajadores del hogar.
Personas que colaboran sin un contrato laboral subordinado.
Empleados de empresas con menos de un año de operación.
Personal del IMSS.
Quienes trabajen en instituciones públicas descentralizadas con fines asistenciales, culturales o de beneficencia.
Personal de empresas con capital inferior al mínimo establecido por la Secretaría del Trabajo.
Empleados de instituciones privadas de asistencia que operen con fines humanitarios y sin ánimo de lucro.
¿En qué fecha se paga el reparto de utilidades en México?
Los trabajadores que cumplan con los requisitos y tengan derecho al reparto de utilidades, deben recibir el pago a más tardar el 30 de mayo. Si la empresa incumple con esta obligación, puede enfrentar sanciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En caso de no recibir la prestación, los trabajadores cuentan con un plazo de un año para presentar una reclamación. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) brinda orientación gratuita y apoyo legal para hacer valer este derecho ante cualquier incumplimiento.
