En esta noticia
- El origen del conflicto: cuando jueces y magistrados llevaron su batalla salarial a la Suprema Corte
- “Sin materia” por consulta anticipada: el tecnicismo legal que dejó sin efecto la impugnación
- La vía del “expediente varios” bajo la lupa: ministros establecen límites al mecanismo de consulta excepcional
- Tensión política y acusaciones de fraude: la ministra Batres enciende la polémica con señalamientos directos contra los jueces
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer declarar “sin materia” la consulta promovida por jueces y magistrados que cuestionaban la constitucionalidad de la reducción salarial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La decisión, que llegó 14 meses después de la solicitud inicial presentada en noviembre de 2024, confirma de facto los recortes a las remuneraciones del Poder Judicial y cierra una de las controversias más álgidas entre los poderes.
El origen del conflicto: cuando jueces y magistrados llevaron su batalla salarial a la Suprema Corte
Todo comenzó el 8 de noviembre de 2024, cuando la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juez de Distrito del PJF (Jufed) solicitó formalmente a la Suprema Corte revisar la constitucionalidad de una posible reducción salarial contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025. La organización argumentaba que los recortes propuestos violaban principios constitucionales fundamentales relacionados con la independencia judicial y las garantías de los servidores públicos del Poder Judicial.
La solicitud llegó en un momento de máxima tensión política, cuando el debate sobre los privilegios y las remuneraciones de los altos funcionarios judiciales dominaba la agenda pública nacional. Los magistrados y jueces advertían que la reducción salarial no era simplemente una medida de austeridad, sino un ataque directo a la autonomía del Poder Judicial y un precedente peligroso que podría utilizarse para presionar o condicionar las decisiones de los impartidores de justicia.
Sin embargo, la respuesta de la SCJN se hizo esperar hasta ahora, cuando los hechos ya son una realidad consumada y el presupuesto cuestionado estuvo en vigor durante más de un año. Esta demora generó críticas sobre la efectividad de los mecanismos de protección constitucional cuando el tiempo juega en contra de quienes buscan defender sus derechos.
“Sin materia” por consulta anticipada: el tecnicismo legal que dejó sin efecto la impugnación
El pleno de la Suprema Corte, liderado por la ministra Loretta Ortiz, determinó que la consulta no podía proceder debido a la ausencia de un “acto concreto, cierto y actual”. En esencia, los ministros argumentaron que los jueces y magistrados solicitaron un pronunciamiento anticipado sobre un presupuesto que en ese momento aún no había sido aprobado formalmente, lo que convertía su petición en una especie de consulta preventiva sobre un escenario hipotético.
Según el comunicado oficial de la SCJN emitido ayer, este tipo de procedimientos especiales no pueden utilizarse para prevenir escenarios futuros o eventuales, sino únicamente para resolver controversias sobre actos ya consumados que afecten derechos concretos.
Los ministros insistieron en que permitir este tipo de consultas anticipadas abriría la puerta a una avalancha de solicitudes similares que buscarían detener cualquier iniciativa legislativa o presupuestal antes de su aprobación.
La decisión técnica, sin embargo, fue interpretada por muchos como una estrategia para evadir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los recortes salariales. Críticos de la resolución argumentan que cuando la Corte Suprema tardó 14 meses en resolver, el “acto concreto, cierto y actual” ya existía, pero para entonces la ventana de oportunidad para detener los recortes había cerrado definitivamente.
La vía del “expediente varios” bajo la lupa: ministros establecen límites al mecanismo de consulta excepcional
Los ministros de la Suprema Corte dedicaron una parte sustancial de su argumentación a delimitar el alcance y uso apropiado del mecanismo conocido como “expediente varios”. Destacaron enfáticamente que este recurso debe reservarse exclusivamente para situaciones de gran relevancia institucional que no puedan resolverse por otras vías legales ordinarias y que afecten directamente el funcionamiento del Poder Judicial como institución.
La postura de la mayoría de los ministros fue clara: el “expediente varios” es un mecanismo excepcional que no debe convertirse en una herramienta común para cuestionar decisiones presupuestales o políticas públicas. Insistieron en que este recurso no debe emplearse para frenar reformas constitucionales o decisiones del Poder Legislativo, estableciendo así un precedente importante que limitará las posibilidades de impugnación en futuros casos similares.
La resolución también establece que solo pueden proceder aquellas controversias relacionadas con problemas de gran relevancia que no puedan resolverse por otras vías legales y que afecten el funcionamiento del Poder Judicial. Este criterio, aunque aparentemente objetivo, deja un amplio margen de interpretación sobre qué constituye exactamente un “problema de gran relevancia” y cuándo se agotaron verdaderamente todas las demás vías legales disponibles.
Tensión política y acusaciones de fraude: la ministra Batres enciende la polémica con señalamientos directos contra los jueces
La discusión al interior de la Suprema Corte escaló dramáticamente cuando la ministra Lenia Batres acusó directamente a la Jufed de actuar con dolo e intenciones fraudulentas. En un momento de alta tensión durante la sesión, Batres declaró sin ambigüedades que “el escrito presentado representa, en realidad, una intención fraudulenta que busca violar el mandato constitucional que establece un régimen de remuneraciones determinado”.
Esta declaración contundente intensificó significativamente la tensión entre las distintas alas de la Suprema Corte y profundizó la fractura con los representantes del Poder Ejecutivo, añadiendo una capa de complejidad política a lo que inicialmente parecía ser un debate puramente jurídico. La postura subraya la división ideológica que atraviesa al Poder Judicial mexicano en temas relacionados con la austeridad republicana y los privilegios históricos de sus integrantes.
Según la argumentación de Batres, la consulta presentada por los jueces y magistrados no fue una simple duda jurídica legítima sobre la constitucionalidad de una medida presupuestal, sino una estrategia calculada para blindar indefinidamente los salarios del Poder Judicial frente a la política de austeridad republicana promovida desde el gobierno federal. La ministra sugirió que el verdadero objetivo era crear un precedente que impidiera cualquier ajuste futuro a las remuneraciones judiciales, independientemente de la situación económica del país.
