

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió un fallo que cambia la forma en que se juzgan los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, al poner un freno claro al uso automático del fuero militar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no todos los casos donde esté involucrada una persona militar deben ser juzgados por tribunales castrenses, sino que se debe analizar si el hecho afecta realmente la disciplina militar y la seguridad nacional.

Ahora, la Suprema Corte busca evitar que el fuero militar sea utilizado como un mecanismo de impunidad y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia civil cuando los delitos no estén directamente ligados a funciones estrictamente militares.
Cuándo aplica el fuero militar y cuándo no
La SCJN fijó como criterio obligatorio que “para determinar la competencia de la jurisdicción militar, es indispensable realizar un análisis caso por caso” y verificar si existe “una conexión estricta entre el hecho atribuido y la afectación a la disciplina castrense”.
Esto implica revisar si la conducta del militar transgrede la jerarquía interna o “obstaculiza el objetivo de las Fuerzas Armadas, entendido como la seguridad nacional y la protección del Estado”. Solo en esos casos podrá intervenir el fuero militar.

Qué cambia para la ciudadanía y por qué es importante
Los ministros de la Suprema Corte acordaron que “la competencia del fuero militar no se actualiza de forma automática” por el tipo de delito, sino por su impacto real en la disciplina militar, lo que abre la puerta a que muchos casos sean juzgados por tribunales civiles.
En la práctica, esto beneficia a la ciudadanía porque los delitos como abuso de autoridad o ejercicio ilícito del servicio público cometidos por militares podrán ser revisados por jueces civiles, reforzando la legalidad, la transparencia y el derecho al debido proceso.
Este criterio, de aplicación del Amparo en Revisión 370/2025. Resuelto en sesión de Pleno el 27 de enero de 2026 obligatoria en todo el país, fortalece la seguridad jurídica y deja en claro que las decisiones de la Suprema Corte deben cumplirse, marcando un límite concreto a la impunidad dentro de las Fuerzas Armadas.














