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En un relevante pronunciamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, invalidó una normativa en Veracruz que obligaba a los propietarios a ofrecer una alternativa de vivienda a sus inquilinos al solicitar la desocupación del inmueble. Este cambio en el régimen de arrendamiento se considera un avance significativo.
En virtud de la resolución del Amparo Directo en Revisión 2265/2023, la Suprema Corte determinó en el Pleno del 4 de marzo que la referida medida resulta excesiva para los arrendadores. El fallo resalta que la normativa “impone una carga desproporcionada e injustificada al arrendador y afecta su derecho de propiedad privada”, de acuerdo con el comunicado oficial.
La Suprema Corte deja sin efecto una obligación clave para propietarios en Veracruz
La Suprema Corte determinó que la última parte del artículo 16 de la Ley de Inquilinato del Estado de Veracruz es inconstitucional, al exigir a los propietarios que proporcionen otra vivienda al inquilino desalojado.
De este modo, el Pleno de la SCJN argumentó que tal obligación sobrepasaba los límites del derecho constitucional a una vivienda digna y trasladaba cargas del Estado a particulares, lo que impacta negativamente en el derecho de propiedad.
La Suprema Corte delimita el alcance del derecho a la vivienda en contratos de arrendamiento
El tribunal reconoció que el derecho a la vivienda incluye seguridad jurídica de la tenencia para quienes rentan un inmueble destinado a casa habitación.
Sin embargo, aclaró que esa protección no puede obligar a los propietarios a garantizar vivienda alternativa, ya que corresponde al Estado hacerlo mediante políticas públicas, programas de vivienda y marcos legales adecuados.
¿Cómo afecta el fallo a propietarios e inquilinos en Veracruz?
En localidades tales como Xalapa o Veracruz, un propietario tendrá la facultad de solicitar la finalización del concurso y la evacuación del inmueble sin la carga legal de proporcionar otra residencia al arrendatario.
En un contexto semejante, el arrendatario estará obligado a abandonar el lugar de acuerdo con el procedimiento judicial establecido o a buscar opciones de vivienda por su cuenta, mientras que el Estado sigue teniendo la responsabilidad de implementar políticas de vivienda.
S.A.