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Tirar colillas de cigarro en zonas forestales no es una falta menor. Las autoridades advierten que esta acción puede derivar en incendios, por lo que “provocar intencionalmente o por imprudencia, incendios en terrenos forestales” implica sanciones legales.

En campañas recientes, el Estado de México ha sido enfático: “Evita arrojar colillas de cigarro”, como parte de una estrategia de prevención. La omisión de esta recomendación puede activar multas y procesos penales.

Multas por provocar incendios forestales.Fuente: ShutterstockShutterstock

Consecuencias legales y campañas de prevención en zonas protegidas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha reiterado que cualquier acción que detone incendios forestales será perseguida conforme a la ley. Esto incluye desde negligencia hasta actos intencionales en áreas naturales.

En paralelo, el Gobierno del Estado de México impulsa campañas de concientización bajo el lema “Prevé incendios de bosques y pastizales”, donde se enfatiza evitar fogatas, quemas y la disposición irresponsable de colillas en entornos naturales.

Estas medidas buscan proteger bosques, selvas y pastizales, ecosistemas donde habita una amplia biodiversidad. Según PROFEPA, su labor es “la salvaguarda y patrullaje de los recursos y ecosistemas forestales”, reforzando la vigilancia en estas zonas.

Multas y castigosGobierno del Estado de México

Multas económicas y sanciones administrativas

Las sanciones por provocar incendios, incluso por descuidos como arrojar colillas, pueden ser severas y escalar rápidamente.

  • Multas de hasta 20 mil días de salario mínimo vigente
  • Sanciones administrativas por incumplir normas forestales
  • Denuncias ante el Ministerio Público Federal
  • Posibles penas de hasta 10 años de prisión
Incendio forestal en Monterrei (Ourense). (Fuente: EFE/ Brais Lorenzo).Fuente: EFEBrais Lorenzo

De acuerdo con PROFEPA, “la multa administrativa a que se hará acreedor quién provoque incendios forestales puede llegar hasta los 20 mil días de salario mínimo”, dependiendo de la gravedad del daño ocasionado.

La autoridad advierte que los responsables “pueden ser sancionados hasta con 10 años de prisión”, especialmente cuando se compruebe dolo o negligencia grave que derive en afectaciones ambientales significativas.