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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó sus Normas Nacionales de Detención.
Los cambios afectan a cárceles privadas y locales que operan bajo contrato con la agencia.
Según el organismo, la revisión busca simplificar trámites administrativos y actualizar el funcionamiento de los centros. Las nuevas reglas también unifican criterios de seguridad, salud, transporte y apoyo en idiomas.
IA para hablar con los detenidos, pero no en casos críticos
Los centros ahora pueden usar traducción automática, aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa en comunicaciones que no sean críticas.
Esto incluye charlas informales, trámites del proceso de admisión y respuestas a dudas sobre la vida diaria en detención.
La norma prohíbe usar estas herramientas en procedimientos críticos.
Sin embargo, sí permite aplicarlas en ciertas respuestas a quejas de los internos. Esto preocupa a especialistas, porque algunos reclamos pueden esconder emergencias médicas mal clasificadas como algo común.
Michelle Brane, quien supervisó la detención migratoria durante parte del gobierno de Biden, advirtió que la medida empeorará condiciones ya problemáticas. Según dijo a AP News, esto refleja una práctica de reducir la rendición de cuentas y la supervisión sobre los centros.
Menos exigencias para la traducción en los centros de ICE
Las nuevas normas mantienen la obligación de identificar a personas con dominio limitado del inglés. Estos detenidos deben recibir apoyo en su idioma sin costo.
Pero ya no se exige que ese apoyo sea presencial o telefónico. Los operadores ahora tienen más libertad para decidir cómo cumplen ese punto.
Se mantiene la prohibición de usar a otros detenidos como traductores, salvo emergencias. Los internos también pueden seguir presentando quejas formales por escrito si una respuesta informal no los convence.
El pago por trabajo dentro de los centros sigue en un dólar al día
Otro cambio afecta los programas de trabajo voluntario dentro de las instalaciones. La norma aclara que quienes participan no son empleados ni del gobierno federal ni de las empresas que administran los centros.
Esto significa que no tienen derecho a salario mínimo ni a beneficios laborales. El pago sigue fijado en un dólar por día, y ahora los centros tienen prohibido pagar más que ese monto.
Las tareas incluyen limpieza de áreas comunes y mantenimiento básico de las instalaciones.
Además, los operadores ya no podrán rechazar el ingreso de personas enviadas por ICE por tener alguna condición médica o discapacidad. Si un centro no puede atenderlas, deberá pedir su traslado a otro lugar, con aprobación del organismo.
Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria del DHS y del ICE, dijo a AP News que el cambio busca facilitar el trabajo a los responsables de las cárceles, sin priorizar el cuidado de los detenidos.