El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expulsar a los extranjeros que participen ilegalmente en elecciones.
La medida fue anunciada el 9 de junio de 2026 y aplica a cualquier persona que vote sin autorización, sin importar cuál sea su estatus migratorio.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la decisión busca proteger la integridad electoral y garantizar que el voto ciudadano no sea afectado por participaciones consideradas ilegales.
Para identificar posibles infracciones, las autoridades realizarán cruces entre bases de datos de registros electorales y solicitudes de ciudadanía.
Deportación sin necesidad de una condena penal
La directiva instruye a ICE a aplicar la deportación de extranjeros que voten ilegalmente en cualquier elección, incluso sin que exista una condena penal previa.
La medida se sustenta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que contempla la expulsión de extranjeros tanto por votar sin autorización como por realizar declaraciones falsas de ciudadanía.
Nuevas reglas y mayores consecuencias
La directiva forma parte de políticas impulsadas previamente por la administración de Donald Trump.
El 25 de marzo de 2025 se firmó la orden ejecutiva 14248, denominada “Preservar y Proteger la Integridad de las Elecciones Estadounidenses”.
Esa disposición estableció nuevas reglas para verificar la elegibilidad de los votantes, fortalecer la fiscalización de las urnas y reforzar la seguridad de los sistemas de votación.
Posteriormente, en agosto de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos actualizó su manual de políticas para negar la naturalización a residentes legales que hayan votado o se hayan registrado como electores de manera ilegal.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que la medida alcanza a todos los extranjeros, incluidos:
- quienes residen de forma irregular
- cuentan con permisos temporales
- poseen residencia permanente.
La dependencia también advirtió que los casos de voto ilegal suelen estar acompañados de declaraciones falsas de ciudadanía, una situación que puede agravar las consecuencias legales y afectar futuras solicitudes de ciudadanía.