La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para eliminar las llamadas pensiones millonarias de exfuncionarios y establecer un tope máximo. La propuesta será presentada a partir de este lunes y forma parte de un ajuste al régimen de jubilaciones de altos mandos. El planteamiento busca fijar un límite equivalente a la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo, es decir, alrededor de 70,000 pesos mensuales. De aprobarse, la medida impactaría directamente en jubilaciones que actualmente superan el ingreso presidencial. Según lo informado en conferencia oficial, el objetivo es generar ahorros estimados en 5,000 millones de pesos y redirigir esos recursos a programas del Bienestar. La iniciativa será turnada al Senado para su análisis y eventual discusión. “Se ahorrarían alrededor de 5 mil millones de pesos y se destinarían a Programas del Bienestar”, detalló la mandataria. Al respecto, la consejera jurídica del Ejecutivo, Estela Damián, detalló que la reforma busca eliminar privilegios en las pensiones de altos mandos y exfuncionarios. El nuevo esquema establecería un tope vinculado directamente al salario presidencial. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la iniciativa se encuentra en revisión final y que será enviada formalmente el lunes 23 de febrero. El argumento central es que ningún ex-servidor público debería recibir una pensión superior a la del actual Ejecutivo. De concretarse la reforma, los recursos ahorrados se canalizarían a cuentas destinadas a programas sociales, reforzando el financiamiento de apoyos del Bienestar. En este contexto, se dieron a conocer cifras en torno a jubilaciones otorgadas a ciudadanos que desempeñaron tareas en distintas entidades gubernamentales y que han llegado a superar incluso el salario presidencial. La encargada de difundir estos datos fue la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, entre los que se destacaron: En paralelo, Sheinbaum también se refirió a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Señaló que el proceso de solventación continúa y que las irregularidades detectadas forman parte de revisiones administrativas habituales. La discusión ahora quedará en manos del Congreso, donde se definirá si la propuesta para eliminar las pensiones millonarias avanza y bajo qué condiciones se aplicaría el nuevo tope.