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Durante años, miles de ciudadanos enfrentaron una enorme desventaja al intentar reclamar daños causados por dependencias gubernamentales.
En muchos casos, las víctimas debían demostrar fallas técnicas o irregularidades que solo las propias autoridades tenían la capacidad de comprobar. Sin embargo, una reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó ese escenario y podría transformar la manera en que se desarrollan los juicios contra el Estado en México.
En concreto, el máximo tribunal estableció que las personas afectadas ya no estarán obligadas a probar hechos o condiciones que únicamente están bajo control de las autoridades.
La Suprema Corte cambia las reglas de los juicios contra el Estado
La decisión fue tomada por el Pleno de la Suprema Corte al analizar un caso relacionado con dos personas que sufrieron lesiones graves a causa de descargas eléctricas. Durante el proceso judicial, se les exigió demostrar que las instalaciones involucradas presentaban deficiencias o falta de mantenimiento.
La Suprema Corte concluyó que esa exigencia colocaba a las víctimas en una situación de clara desventaja, ya que la información técnica y el control de las instalaciones estaban en manos de la autoridad responsable. Por ello, determinó que corresponde al propio Estado acreditar que actuó correctamente y que cumplió con sus obligaciones.
Este criterio representa un cambio relevante en la forma en que se distribuye la carga de la prueba dentro de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
Qué significa este fallo para las víctimas y sus reclamos
La resolución abre la puerta para que los ciudadanos tengan mayores posibilidades de defender sus derechos cuando consideran que una dependencia pública les causó un daño.
A partir de este criterio, quienes inicien un procedimiento ya no tendrán que aportar pruebas imposibles de obtener o información reservada que únicamente poseen las autoridades. En cambio, será el organismo gubernamental involucrado quien deba demostrar que actuó conforme a la ley y que cumplió con las medidas de seguridad, supervisión o mantenimiento que le correspondían.
Por qué la decisión de la Suprema Corte podría generar más demandas contra el Estado
El nuevo precedente podría tener efectos en futuros casos relacionados con accidentes, fallas en infraestructura pública, servicios deficientes o daños ocasionados por organismos gubernamentales.
Al simplificar la situación probatoria para los ciudadanos, más personas podrían animarse a reclamar indemnizaciones cuando consideren que sufrieron perjuicios derivados de la actuación estatal. Además, el criterio obliga a las autoridades a conservar y presentar evidencia que respalde el correcto funcionamiento de sus instalaciones y servicios.
La sentencia también envía un mensaje claro: cuando la información necesaria para esclarecer un caso está bajo control del gobierno, no puede exigirse a las víctimas que prueben aquello que solo la propia autoridad está en condiciones de demostrar.
