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En una decisión que establece un precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, determinó que los padres o tutores que no cumplan con el pago de alimentos a sus hijas e hijos podrán enfrentar sanciones penales, a menos que exista un motivo plenamente justificado.
“Las personas que tienen la obligación legal de brindar alimentos no pueden dejar de hacerlo sin un motivo justificado, por lo que incumplir con esta responsabilidad puede generar consecuencias penales”, señaló la Corte Suprema en su comunicado oficial No. 260/2025.
El fallo, emitido el pasado 11 de noviembre de 2025, proporciona claridad y subraya el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, validando las disposiciones del Código Penal de Tamaulipas, al considerar constitucional el castigo por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Criterios claros de la SCJN para proteger a la niñez
El Pleno de la Suprema Corte respaldó una sentencia condenatoria hacia un progenitor que incumplió con su obligación alimentaria. Esta decisión se fundamenta en que el tipo penal estatal garantiza seguridad jurídica y describe de manera precisa los elementos constitutivos del delito.
Adicionalmente, los ministros llevaron a cabo una aclaración sobre la expresión “sin motivo justificado”, la cual debe ser examinada de forma individual, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada núcleo familiar. Es importante destacar que no es un requisito que la ley detalle todos los escenarios posibles para su correcta aplicación.
Un fallo que fortalece la justicia familiar
La resolución también ratifica el derecho a recibir alimentos como un componente esencialdel interés superior dela niñez, promoviendo una cultura de responsabilidad familiar y respeto a los derechos de las y los menores.
Esta determinación judicial transforma el panorama de la justicia familiar en México, al establecer un criterio vinculante que prioriza los derechos de la infancia sobre los conflictos entre adultos.
Con esta decisión, el Máximo Tribunal envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad de los adultos hacia sus hijos, fortaleciendo el marco jurídico de protección a los menores y asegurando que el incumplimiento no quede impune.
