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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que el límite del incremento anual de las rentas en la Ciudad de México es constitucional. Esta decisión establece que los aumentos no pueden superar la inflación registrada en el año anterior y valida el artículo 2448 D del Código Civil de la capital, en vigor desde agosto de 2024.
El Pleno de ministros resolvió, por unanimidad, el amparo en revisión 546/2025, presentado por la empresa Urbanhub México. Esta entidad argumentó que el límite establecido afecta la libertad contractual, la privacidad y la igualdad, al fijar un parámetro general que no distingue entre tipos de vivienda, áreas geográficas ni montos de renta; no obstante, el Pleno desestimó estos planteamientos.
La Corte Suprema desestima el amparo en revisión 546/2025
La ministra Lenia Batres manifestó que la disposición busca asegurar una rentabilidad equitativa para los propietarios sin que ello cause un daño a la población arrendataria. Subrayó, además, que en las dos últimas décadas, el costo del suelo ha sufrido aumentos significativos que han llevado al desplazamiento de aquellos que ya no tienen la capacidad económica para acceder a una vivienda en la capital.
El ministro presidente Hugo Aguilar destacó que la medida persigue un objetivo legítimo: garantizar el acceso a la vivienda y prevenir aumentos desmedidos que ocasionen desplazamiento residencial como consecuencia de la gentrificación. La ministra Loretta Ortiz agregó que la norma fortalece el derecho a una vivienda digna al impedir cláusulas abusivas en perjuicio de los inquilinos.
Cómo se aplica el tope a los incrementos de renta en la CDMX
El mecanismo es inequívoco: el incremento anual de una renta no debe sobrepasar el porcentaje de inflación del año anterior. Por ilustrar, si la inflación del 2025 fue de 3.69%, una renta de 10,000 pesos podría incrementarse únicamente en 369 pesos para el año siguiente.
La regulación se aplica a los contratos de arrendamiento de vivienda en la Ciudad de México y anula los ajustes discrecionales que permitían aumentar las rentas más allá del incremento inflacionario. La SCJN ha determinado que la libertad de contratación no es absoluta ante un derecho tan fundamental como lo es el de la vivienda.
Por qué la SCJN declaró constitucional el tope a las rentas
La SCJN marca un hito significativo en el ámbito del arrendamiento en la ciudad, al poner de manifiesto que los contratos de arrendamiento estarán condicionados a un límite anual que se vincule de manera directa a la inflación. Esto otorga un entorno más seguro y estable tanto para los inquilinos como para los propietarios.
La Corte Suprema fundamentó su decisión en el hecho de que esta medida salvaguarda a los inquilinos de incrementos excesivos, los cuales podrían causar desplazamientos forzados, dadas las tensiones del costo de vida, en consonancia con la responsabilidad del Estado de asegurar el acceso a una vivienda digna y adecuada.
