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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una medida que podría marcar un antes y un después en el acceso a productos básicos en México: aplicar tasa cero de IVA a todos los insumos de gestión menstrual. La discusión apunta a eliminar el impuesto del 16% que hoy pagan varios de estos artículos considerados esenciales.
El debate se da en el marco de un reclamo por mayor equidad fiscal y justicia social, y busca equiparar el tratamiento tributario de productos como toallas sanitarias, tampones, copas y ropa menstrual, que hasta ahora no cuentan con la misma exención impositiva.
Qué productos quedarían con tasa cero de IVA en México
Actualmente, solo algunos productos menstruales, como toallas sanitarias y tampones, están exentos del IVA, mientras que otros insumos de uso cotidiano siguen pagando la tasa general del 16%. La propuesta que analiza la Suprema Corte busca eliminar esa diferencia y aplicar la tasa cero a todos los productos de gestión menstrual.
Entre los artículos que podrían verse beneficiados se encuentran pantiprotectores, copas menstruales, ropa interior absorbente y otros insumos utilizados durante el periodo. El planteamiento central es que todos cumplen una función esencial vinculada a la salud y, por lo tanto, no deberían ser considerados bienes de lujo.
De acuerdo con el análisis, mantener el impuesto sobre ciertos productos genera una desigualdad injustificada y contradice el principio de equidad tributaria, al dar un tratamiento fiscal distinto a artículos que responden a la misma necesidad biológica.
Por qué la Corte analiza este cambio
El debate surge a partir de un amparo promovido contra la legislación fiscal vigente, que establece diferencias entre productos menstruales sin una justificación objetiva. La ponencia sostiene que esta distinción afecta principalmente a mujeres y personas menstruantes, al encarecer insumos indispensables.
La SCJN analiza si esta carga impositiva vulnera derechos como la igualdad y el acceso a la salud, además de reforzar barreras económicas en contextos de vulnerabilidad. En ese sentido, el enfoque del proyecto va más allá de lo fiscal y se inserta en una discusión de derechos humanos.
De aprobarse, el criterio podría redefinir la forma en que el Estado clasifica y grava productos relacionados con la salud menstrual, alineándose con estándares de justicia social.
