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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a resolver uno de los temas más sensibles en materia de derechos laborales y de género: la discriminación laboral por embarazo. En un país donde miles de mujeres son despedidas, relegadas o presionadas para renunciar tras anunciar su maternidad, el Máximo Tribunal podría sentar un precedente histórico al respaldar iniciativas que buscan endurecer las sanciones contra las empresas que incurran en estas prácticas.
La Suprema Corte frente a una decisión histórica: embarazo y derechos laborales en el centro del debate
La Suprema Corte analiza criterios clave relacionados con la protección reforzada que deben tener las mujeres embarazadas en el ámbito laboral. En juego está la interpretación constitucional del derecho a la igualdad, la no discriminación y el acceso al trabajo en condiciones dignas, particularmente frente a prácticas empresariales que castigan la maternidad.
Un fallo a favor de las trabajadoras implicaría reconocer de manera explícita que el embarazo no puede ser motivo, directo ni indirecto, para limitar el acceso, la permanencia o el desarrollo profesional de una mujer. Además, fortalecería la obligación del Estado de garantizar mecanismos eficaces de sanción y reparación frente a estas conductas, muchas veces normalizadas o invisibilizadas.
Discriminación laboral por embarazo: la práctica silenciosa que podría tener castigo penal
La discriminación laboral por embarazo no se limita a un despido injustificado. Incluye una amplia gama de conductas como el hostigamiento, la negación de ascensos, la reducción de salarios, los cambios arbitrarios de horario, la asignación de tareas físicamente riesgosas o la negativa a otorgar permisos básicos durante la jornada laboral.
Especialistas y organizaciones de derechos humanos advierten que estas prácticas constituyen una forma de violencia estructural contra las mujeres, basada en estereotipos que asocian la maternidad con menor productividad o “carga” para las empresas.
El endurecimiento de las sanciones busca romper con esta lógica y enviar un mensaje claro: discriminar por embarazo no es una falta administrativa menor, sino una violación grave a los derechos humanos.
Empresas bajo la lupa: qué sanciones se proponen y a quiénes alcanzaría la reforma
Las iniciativas que acompañan el debate judicial plantean fortalecer el tipo penal de discriminación para incluir de manera expresa el embarazo y la maternidad como motivos sancionables. Esto permitiría castigar a empleadores que incurran en prácticas discriminatorias no solo con multas, sino también con responsabilidades penales y administrativas más severas.
Las sanciones alcanzarían tanto a empresas privadas como a instituciones públicas, así como a directivos o responsables de recursos humanos que participen directamente en estas decisiones. El objetivo no es solo castigar, sino generar un efecto disuasivo real que modifique conductas arraigadas en el mercado laboral mexicano.
