

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló un cambio clave en materia de derechos de la niñez, al permitir que las actas de nacimiento de niños adoptados sean provisorias mientras se completa el proceso legal de adopción.
El fallo busca garantizar el interés superior de la infancia y evitar vacíos jurídicos durante los procedimientos de adopción, especialmente en los primeros meses de vida. La resolución obliga a las autoridades civiles a emitir documentos temporales hasta que se dicte la adopción definitiva.
Qué resolvió la Suprema Corte sobre las actas de nacimiento
La SCJN determinó que los niños en proceso de adopción pueden contar con actas de nacimiento provisionales, válidas mientras se resuelve de manera definitiva su situación jurídica.

Estas actas permiten registrar al menor sin definir aún de forma permanente los datos filiatorios, evitando retrasos o irregularidades en el acceso a derechos básicos. El tribunal consideró que exigir un acta definitiva antes de concluir la adopción vulnera el interés superior del niño.
Con esta decisión, la Corte sienta un precedente que obliga a modificar prácticas administrativas en los registros civiles.
En qué casos las actas serán provisorias al nacer
La medida aplica exclusivamente a niños y niñas que se encuentren en procesos legales de adopción, especialmente cuando no existe una filiación definitiva al momento del nacimiento.
En estos casos, el acta provisional permite identificar al menor sin cerrar de forma irreversible su identidad legal.
Una vez que el proceso de adopción concluye, el acta provisional deberá ser sustituida por una definitiva, sin afectar derechos adquiridos.
La Corte aclaró que el mecanismo busca proteger a la infancia y no generar incertidumbre jurídica.
Por qué el fallo es histórico y qué cambia
El fallo de la Suprema Corte marca un antes y un después al colocar el interés superior de la niñez por encima de rigideces administrativas que, hasta ahora, dificultaban los procesos de adopción.
Con esta decisión, se evita que niños y niñas queden sin documentación válida en etapas clave de su desarrollo y se fortalece la seguridad jurídica, alineando la práctica institucional con estándares internacionales de derechos humanos.














