La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza una reforma que podría cambiar radicalmente el derecho familiar en México: eliminar la obligación de que ambos padres autoricen la salida del país de sus hijos menores de edad. La propuesta permitiría que la madre -o el padre- trámite pasaportes y autorice viajes internacionales de forma unilateral, sin necesidad del consentimiento del otro progenitor. Durante décadas, la legislación exigió la firma de ambos progenitores para que un menor pudiera salir del país. La lógica era clara: prevenir la sustracción internacional de niños. Sin embargo, la Suprema Corte ahora evalúa si esta norma, en la práctica, se convirtió en un instrumento de control. En muchos casos documentados, padres ausentes —que no pagan pensión alimenticia ni participan en la crianza— ejercen su veto legal para bloquear viajes, oportunidades laborales del custodio o incluso la obtención del pasaporte del menor. El argumento central ante la Suprema Corte es que mantener ese requisito puede vulnerar el interés superior de la niñez cuando uno de los progenitores incumple sus responsabilidades. El cambio no sería menor: afectaría directamente los trámites ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Relaciones Exteriores y los puntos migratorios del país. Los impulsores del cambio señalan que esto agilizaría procesos que hoy pueden tardarse meses en resolverse judicialmente. Los críticos, en cambio, advierten que sin mecanismos de control podría facilitarse el traslado de menores hacia el extranjero en contextos de disputa legal, complicando aún más la recuperación de niños en casos de alienación parental o conflictos de custodia internacional. El debate no llegó al Congreso de la Unión ni a la Suprema Corte en el vacío. El sonado conflicto entre la cantante argentina Cazzu y el intérprete mexicano Christian Nodal —que involucró a su hija Inti— encendió la conversación pública sobre los derechos de los progenitores custodios para gestionar la vida cotidiana y los documentos de sus hijos sin depender del otro. Ese caso inspiró directamente la llamada “Ley Cazzu”, impulsada en Michoacán por la diputada Sandra Arreola Ruiz del Partido Verde, y que busca una reforma de alcance nacional. Lo que el escándalo mediático logró fue poner nombre y rostro a un problema jurídico que miles de familias enfrentan en silencio: la paradoja de que quien no cría tenga el poder legal de bloquear a quien sí lo hace.