La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, estableció un criterio clave para los juicios civiles relacionados con vivienda al determinar que estos no pueden resolverse sin considerar el impacto en niñas, niños y adolescentes, así como en mujeres en situación de violencia. Fue así como la Suprema Corte, al resolver el Amparo Directo 36/2025, manifestó su voto para que el derecho a la vivienda y a los alimentos deba ser protegido incluso en disputas patrimoniales, sin excusas. “El asunto debe resolverse incorporando de manera reforzada la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la posible situación de violencia económica hacia la madre”, señaló la Corte en su resolución. Con este criterio, el máximo tribunal obliga a los jueces a analizar más allá del conflicto de propiedad cuando hay menores involucrados. El caso surgió a partir de la demanda de una mujer que impugnó la disolución de la copropiedad de dos inmuebles adquiridos durante su concubinato. En uno de ellos habita con sus hijos adolescentes y en el otro desarrolla su actividad laboral, lo que la llevó a denunciar afectaciones directas a su estabilidad económica y familiar. La SCJN determinó que, aunque el juicio se centraba en la propiedad, sus efectos eran más amplios. “Su resolución puede incidir de forma relevante en el derecho de alimentos y de habitación de los hijos adolescentes, al tratarse de bienes que han funcionado como hogar y sustento económico de la familia”, subrayó el fallo. Este reconocimiento amplía el alcance de protección en litigios civiles. Como resultado, la Suprema Corte concedió el amparo a la mujer y ordenó dejar sin efectos la sentencia previa para rehacer el proceso judicial bajo nuevos criterios. Esto implica que el tribunal responsable deberá analizar el caso considerando el contexto familiar, la situación de los menores y posibles actos de violencia económica. En palabras del fallo de la Corte Suprema, se instruyó “recabar de oficio la información y pruebas necesarias, incluidas las relativas a guarda y custodia, régimen de alimentos y la función de los inmuebles en la dinámica familiar”. Con ello, la SCJN busca que las decisiones judiciales no vulneren derechos fundamentales. Por otra parte, la SCJN enfatizó que la nueva resolución deberá tomar en cuenta “el posible impacto que pudiera causar en los hijos la disolución de la copropiedad”, consolidando así un precedente que prioriza el interés superior de la niñez y la protección de las mujeres frente a situaciones de vulnerabilidad.