

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) zanjó un debate jurídico de larga data acerca del pago de las indemnizaciones por fallecimiento en México. A partir de ahora se calcularán con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en el salario mínimo.
El pleno aprobó la resolución por unanimidad al resolver una contradicción de criterios entre las extintas Primera y Segunda Sala. El proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres, quien argumentó que la decisión no era discrecional sino una obligación constitucional.
Qué determina el artículo 123 de la Consitución de México
El artículo 123 de la Constitución prohíbe expresamente que el salario mínimo sea usado como índice, base o referencia para fines distintos a su naturaleza laboral, y la Corte no podía ignorarlo.

Batres sostuvo que el tribunal tiene el deber de hacer valer el principio de desindexación del salario mínimo consagrado en la Carta Magna. En ese marco, la UMA es el único parámetro que cumple con el mandato constitucional para calcular indemnizaciones de carácter civil, incluidas las derivadas de una muerte.
Cuál es el impacto en el IMSS, ISSSTE, Pemex y aseguradoras
El argumento más concreto lo aportó el propio IMSS. La ministra reveló que, si en 2025 esa institución hubiera pagado indemnizaciones tomando como base el salario mínimo, el costo se habría disparado 146%, pasando de 75.9 millones de pesos a más de 187 millones. Una diferencia de más de 111 millones de pesos en un solo año y en una sola institución.
El alcance de la resolución va mucho más allá del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Batres advirtió que resolver en sentido contrario habría representado un riesgo directo para el patrimonio de instituciones como el ISSSTE, Pemex y la CFE, además de las aseguradoras privadas que cubren este tipo de responsabilidades civiles.
Con la jurisprudencia aprobada, todas estas entidades tendrán certeza jurídica sobre cómo calcular sus obligaciones. El criterio es ahora vinculante para los tribunales del país, lo que elimina la disparidad de fallos que existía antes de esta decisión.
La resolución tiene consecuencias directas para cualquier persona cuyo familiar fallezca en un siniestro vinculado a estas instituciones: el monto que recibirá como indemnización será menor que si se hubiera usado el salario mínimo como referencia.















