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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió un fallo considerado histórico al confirmar la validez del decreto que protege la zona del Lago de Texcoco como área natural protegida. La decisión respalda la política ambiental del Estado mexicano al priorizar el interés público y la conservación ecológica en una región clave del Valle de México.
Con esta resolución, la Suprema Corte avaló la medida y también rechazó los argumentos de diversos ejidos que reclamaban afectaciones a su propiedad, estableciendo que las restricciones impuestas son constitucionales y necesarias para preservar el equilibrio ambiental.
Un decreto respaldado por el interés público del Lago de Texcoco
En su resolución, la Corte fue contundente al señalar que “la propiedad de las tierras corresponde originariamente a la Nación”, reafirmando la facultad del Estado para intervenir cuando se trata de proteger bienes colectivos como el medio ambiente. Este principio fue central para sostener la constitucionalidad del decreto.
Asimismo, subrayó que “la limitación de determinadas actividades o la regulación del uso del suelo no implican la desaparición del derecho de propiedad”, sino que constituyen “restricciones legítimas a su ejercicio”, especialmente cuando se busca garantizar derechos fundamentales como el acceso a un entorno sano.
Ejidos fueron informados y podrán seguir produciendo
Otro punto clave del fallo fue el reconocimiento de que los ejidos involucrados fueron debidamente considerados en el proceso.
De acuerdo con el comunicado, “fueron notificados del estudio previo de manera personal y se realizaron reuniones informativas”, lo que demuestra que hubo mecanismos de participación y transparencia.
La Suprema Corte también destacó que las comunidades no quedan excluidas de sus actividades productivas, ya que se aclaró que “podían seguir realizando actividades agrícolas de forma sustentable”, conciliando así la protección ambiental con el desarrollo rural.
En ese sentido, la SCJN resolvió negar el amparo y confirmar plenamente el decreto, al considerar que “contribuye a la protección del derecho al medio ambiente sano”, consolidando un precedente relevante en la defensa de los recursos naturales en México.