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En un golpe sin precedentes a la estructura política del estado de Sinaloa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), anunció cargos criminales contra el actual gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
Las acusaciones, que incluyen conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas de fuego de alto poder, señalan una presunta alianza sistemática entre altos mandos del gobierno estatal y el Cártel de Sinaloa.
Los implicados de alto nivel
Además del Gobernador Rocha Moya (76 años), la lista de acusados incluye a figuras clave de la administración y la justicia en el estado: Enrique Inzunza Cázarez: actual Senador por el gobernante partido Morena y exsecretario General de Gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas del estado Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador general; y el alcalde de la capital Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
El esquema de corrupción
Según la fiscalía estadounidense, los acusados habrían utilizado sus cargos públicos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa, facilitando la distribución masiva de drogas hacia los Estados Unidos. A cambio, habrían recibido sobornos y operado bajo una estructura de “narcoterrorismo”, utilizando armas de grado militar y dispositivos destructivos para asegurar el control territorial.
El Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York enfatizó que estos funcionarios “traicionaron la confianza pública para enriquecerse y servir a los intereses de una de las organizaciones criminales más violentas del mundo”.
De ser hallados culpables, los implicados enfrentan penas que van desde un mínimo obligatorio de 40 años hasta cadena perpetua.
Repercusión política
Este anuncio se produce en un momento de gran tensión en las relaciones binacionales en materia de seguridad y pone bajo la lupa la integridad de las instituciones en el noroeste de México. Hasta el momento, ni el Gobierno de Sinaloa ni el Gobierno Federal han emitido una respuesta oficial tras la difusión del comunicado del Departamento de Justicia.
Lo que diversos medios reportaron es una intensa movilización en Palacio Nacional, donde se asientan la residencia y oficinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sinaloa en tensión
El caso se inscribe en una estrategia más amplia de Washington para perseguir redes de corrupción vinculadas al crimen organizado transnacional, un tema que ha cobrado relevancia en la agenda bilateral en los últimos años. Sinaloa, en particular, ha sido históricamente un punto neurálgico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Horas después del anuncio, la Embajada de Estados Unidos en México difundió una declaración en la que evitó pronunciarse sobre los detalles del proceso judicial, pero subrayó que “combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida” entre ambos países.
“El compromiso es fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho”, señaló el posicionamiento, que también enfatizó la necesidad de mantener la cooperación bilateral para impulsar la rendición de cuentas y la seguridad regional.
El caso ocurre en un momento de alta actividad en el frente de seguridad en México. En febrero, fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar que desató episodios de violencia en varios estados.
Más recientemente, autoridades mexicanas capturaron en Nayarit a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, considerado uno de los principales operadores y posible sucesor dentro del CJNG, en una operación tras meses de seguimiento. Ambos hechos reflejan la presión simultánea sobre las estructuras del crimen organizado y el contexto en el que se produce la acusación contra el mandatario sinaloense.