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El Gobierno de Claudia Sheinbaum busca modificar de fondo el modelo con el que se construye infraestructura en México. Para ello presentó una iniciativa de ley que permitiría incorporar nuevas formas de financiamiento y ampliar la participación de inversionistas privados y del sector social en proyectos estratégicos.
La propuesta forma parte del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar y pretende ofrecer mayor certidumbre para ejecutar obras de largo plazo en áreas como transporte, energía, agua, salud, educación y desarrollo urbano. Sin embargo, aún deberá ser discutida y aprobada por el Congreso antes de entrar en vigor.
¿Qué propone la nueva ley de infraestructura impulsada por Claudia Sheinbaum?
La iniciativa contempla la creación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, además de diversas modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El objetivo es establecer un marco legal que permita desarrollar proyectos mediante esquemas de inversión pública, privada y social.
Uno de los principales cambios consiste en crear mecanismos de participación mixta, donde el Estado pueda colaborar con empresas privadas o actores sociales para financiar, diseñar, construir, operar y dar mantenimiento a obras estratégicas bajo reglas comunes y con una distribución previamente definida de riesgos y beneficios.
La propuesta también amplía el alcance de estos modelos a sectores que actualmente tienen limitaciones bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), como comunicaciones, transporte, agua, energía, medio ambiente, parques industriales, salud, educación, turismo y espacios públicos.
Contratos de hasta 40 años y nuevas herramientas para financiar proyectos
Uno de los elementos centrales de la iniciativa es la incorporación de contratos de inversión estratégica con una duración mínima de cuatro años y un plazo máximo de 40 años, considerando sus posibles prórrogas. Estos acuerdos deberán establecer con claridad la fuente del capital, la distribución de riesgos, los niveles de desempeño y las condiciones de pago.
Asimismo, los desarrolladores deberán presentar garantías económicas para respaldar la ejecución de las obras y la prestación de servicios, con porcentajes que variarán según el tipo de proyecto y la etapa de desarrollo. La intención es ofrecer mayor seguridad tanto al Estado como a los inversionistas.
La iniciativa también incorpora los llamados Vehículos de Propósito Específico, estructuras financieras que podrán constituirse como fideicomisos o sociedades especializadas para captar recursos destinados exclusivamente a proyectos de infraestructura. Incluso tendrán la posibilidad de emitir instrumentos de deuda y certificados bursátiles para obtener financiamiento en los mercados financieros, siempre bajo la rectoría del Estado.
¿Cómo cambiaría el financiamiento de la infraestructura en México?
Otro de los cambios relevantes está relacionado con el presupuesto federal. La propuesta permitiría que la Secretaría de Hacienda autorice el inicio de procedimientos de contratación para proyectos prioritarios aun cuando todavía no exista suficiencia presupuestaria definitiva, siempre que se trate de infraestructura estratégica.
Además, la iniciativa plantea que los ajustes presupuestarios no afecten los programas sociales ni las inversiones vinculadas con proyectos considerados prioritarios para el desarrollo con bienestar, otorgándoles una mayor protección frente a eventuales recortes del gasto público.
De aprobarse, el nuevo marco legal coexistirá con los mecanismos actuales de contratación pública y buscará fortalecer el desarrollo de infraestructura mediante inversiones de largo plazo. No obstante, antes de convertirse en ley deberá completar el proceso legislativo correspondiente en la Cámara de Diputados y el Senado.
