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El Senado aprobó la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, una reforma que reorganiza la construcción y financiamiento de carreteras, puertos, hospitales, redes eléctricas y obras hidráulicas mediante esquemas mixtos entre gobierno, empresas privadas y capital social.
La legislación crea mecanismos de inversión respaldados por Vehículos de Propósito Específico, fideicomisos y asociaciones público-privadas para acelerar proyectos considerados prioritarios. También permite otorgar garantías federales, estímulos fiscales y apoyos financieros sujetos a reglas presupuestarias y supervisión de la Secretaría de Hacienda.
Además de definir nuevas reglas de licitación, transparencia y evaluación financiera, la norma obliga a que los proyectos estratégicos estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y prioriza obras capaces de reducir desigualdades, fortalecer la soberanía energética y ampliar servicios básicos en regiones rezagadas.
Un nuevo modelo para financiar infraestructura estratégica
La ley establece que los proyectos podrán desarrollarse mediante esquemas de participación mixta entre dependencias federales, estados, municipios, empresas privadas y organizaciones sociales. El objetivo es ampliar las fuentes de financiamiento sin comprometer automáticamente recursos públicos ni generar deuda fuera de los controles legales existentes.
El nuevo marco también incorpora la posibilidad de utilizar fideicomisos, fondos públicos y garantías respaldadas por el Gobierno Federal o la banca de desarrollo. Sin embargo, el decreto aclara que cualquier financiamiento deberá sujetarse a las autorizaciones presupuestarias, fiscales y legislativas vigentes.
Cómo serán las nuevas licitaciones para obras públicas
El decreto obliga a publicar convocatorias en el Diario Oficial de la Federación, plataformas digitales y medios nacionales y estatales. Las bases deberán incluir detalles técnicos, riesgos financieros, requisitos de contenido nacional y criterios transparentes para adjudicar contratos relacionados con infraestructura estratégica.
- Las garantías exigidas no podrán superar el 10% del valor estimado del proyecto.
- Las reglas de licitación no podrán limitar la competencia ni favorecer participantes específicos.
- Los contratos deberán detallar la distribución de riesgos entre gobierno y empresas.
- Los proyectos tendrán seguimiento financiero y evaluación permanente.
La legislación también establece que las modificaciones a las bases de licitación deberán notificarse previamente a todos los participantes y no podrán alterar las condiciones de competencia. Con ello, el gobierno busca dar mayor certidumbre jurídica a inversionistas y constructoras.
Beneficios y estímulos para acelerar proyectos
El nuevo marco legal permitirá que el Ejecutivo Federal otorgue estímulos fiscales para incentivar inversiones en proyectos considerados estratégicos para el desarrollo nacional. Estas medidas estarán enfocadas en infraestructura energética, logística, hídrica y social.
Además, las autoridades federales podrán firmar convenios con gobiernos estatales y municipales para coordinar proyectos regionales y facilitar su ejecución. La intención es impulsar inversiones conjuntas en zonas con rezago económico o baja conectividad.
La ley también busca atraer capital institucional y financiero hacia grandes obras públicas mediante mejores condiciones de financiamiento y esquemas de liquidez. Según el decreto, esto permitirá acelerar proyectos prioritarios sin modificar las reglas de disciplina fiscal y responsabilidad hacendaria.