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Derogar la Ley del ISSSTE de 2007, una de las exigencias más firmes de la CNTE en su pulso con el gobierno de Claudia Sheinbaum, no es solo políticamente complicado: es financieramente inviable.
Expertos y funcionarios coinciden en que dar marcha atrás implicaría una factura de más de 7 billones de pesos, equivalente al 20% del PIB nacional, una cifra que el Estado de México simplemente no puede pagar.
Pero el riesgo no termina ahí: si los maestros lograran revertir la reforma, millones de trabajadores de todo el país podrían exigir lo mismo, abriendo una crisis que pondría en jaque a todo el sistema de retiro.
El riesgo que podría dejar en jaque el sistema de pensiones en México
El director del ISSSTE, Martí Batres, fue contundente: cumplir con la demanda de la CNTE de abrogar la reforma de 2007 tendría un costo equivalente a 20 puntos del PIB. Para dimensionarlo, cada punto representa aproximadamente 354,000 millones de pesos, lo que eleva la cuenta total a más de 7 billones de pesos.
Un monto que supera con creces lo que el gobierno federal gasta en pensiones en años enteros: solo en 2025, esa erogación alcanzó más de un 1 billón de pesos. “El Estado no cuenta con esos recursos”, advirtió. Y ningún presupuesto en el horizonte cercano contempla siquiera acercarse a esa cifra.
El golpe silencioso a 2 millones de ahorradores: así quedarían sus cuentas si se borra la reforma
Más allá de los números macroeconómicos, hay una consecuencia concreta que pocos mencionaron con esa claridad: volver al esquema solidario implicaría, en la práctica, quitarle sus ahorros a cerca de 2 millones de trabajadores del Estado que llevan dos décadas acumulando fondos en sus Afores.
De esta manera, esa decisión representaría uno de los golpes más duros a la certeza jurídica en materia financiera de los últimos años.
El efecto dominó que nadie quiere admitir: si cede con la CNTE, el IMSS también va a exigir lo suyo
Quizás el riesgo más subestimado de toda esta discusión es el precedente que sentaría una eventual marcha atrás. Si el gobierno accede a revertir el sistema de cuentas individuales para los trabajadores del Estado de México, los millones de afiliados al IMSS que también operan bajo un esquema similar desde 1997 tendrán exactamente el mismo argumento para exigir un retorno al modelo de reparto.
En ese escenario, lo que comenzó como una negociación con el magisterio disidente podría escalar a una demanda generalizada que fracture las bases del sistema de pensiones en México de manera irreversible.